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Aponte: "Este caso preocupa a inversionistas internacionales"

b Comisión especial legislativa analizará construcción de El Chaparral

La embajadora Mari Carmen Aponte participó ayer de un evento sobre prevención del delito.

La embajadora Mari Carmen Aponte participó ayer de un evento sobre prevención del delito.

La embajadora Mari Carmen Aponte participó ayer de un evento sobre prevención del delito.

La embajadora de Estados Unidos, Mari Carmen Aponte, aseguró ayer que los inversionistas internacionales han expresado su preocupación por la forma en como el gobierno salvadoreño ha manejado el caso CEL-Enel.

"La comunidad inversionista internacional sigue con preocupación acerca de cómo el Gobierno de El Salvador manejó la secuela después de que perdió el caso en los tribunales de arbitraje internacional. Eso todavía ha quedado pendiente", dijo Aponte.

Sostuvo que no podía hacer comentarios públicos sobre las investigaciones que ha hecho la Fiscalía General con respecto al caso por ser cuestiones internas de cada país, por lo que "no tengo más comentarios al respecto", dijo.

Jaime Valdez, del FMLN y presidente de la Comisión Especial legislativa que redactó un informe sobre el caso y que fue enviado a la FGR como insumo para su investigación, dijo no estar "muy a gusto" con la resolución fiscal. Dijo que no se incluyó al expresidente Francisco Flores en los nueve acusados ante el Juzgado 7o de Paz por supuesto "peculado".

Sin embargo, manifestó que la comisión especial legislativa continuará analizando otros procesos en los que se sospecha podrían haber irregularidades como la construcción de la presa El Chaparral y el traspaso de acciones de LaGeo a Inversiones Energéticas (INE), en las que la FGR también ha determinado posibles ilegalidades, y que Edwin Zamora, de ARENA, ha pedido continuar indagando.

Para Guillermo Gallegos, de Gana, si el Juzgado encuentra que los acusados por la FGR son culpables "deben pagar". La Fiscalía ha determinado que los perjuicios patrimoniales en contra del Estado rondan los $1,000 millones.

Pero para el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, las investigaciones no se deben limitar a hechos retroactivos ni a un periodo concreto, sino ampliarlos.

"Hemos venido señalando irregularidades en el caso del Chaparral, esa broma de la naturaleza (que la montaña se movió) costó $108.5 millones. Nuestro llamado es que se investigue todos los casos por igual", solicitó Simán.

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