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Advierten que se pone en vilo Fomilenio II y más préstamos

El director del ISD, Ramón Villalta (centro) en conferencia de prensa en torno al tema de las reformas a la LAIP.

El director del ISD, Ramón Villalta (centro) en conferencia de prensa en torno al tema de las reformas a la LAIP.

El director del ISD, Ramón Villalta (centro) en conferencia de prensa en torno al tema de las reformas a la LAIP.

En las reformas que los diputados hicieron a la Ley de Acceso a la Información Pública, no sólo se manda un mal mensaje a la comunidad internacional de que el país retrocede en su democracia, también, se pone en riesgo la posibilidad de una segunda entrega de los Fondos del Milenio, así como préstamos blandos con organismos financieros internacionales.

Así lo afirmaron el Secretario General de la Universidad Tecnológica de El Salvador (UTEC), René Portillo Cuadra, y el director de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), Ramón Villalta.

"Corre el riesgo el país, no sólo en el tema del Fomilenio II, sino se dejarían de tener préstamos blandos (con organismos financieros internacionales) por este tipo de cosas", acotó Portillo Cuadra.

Según Villalta, no sólo el Fomilenio, sino además, la consecución de programas ya establecidos con EE.UU. como el Asocio para el Crecimiento.

De acuerdo a los juristas en mención, para los organismos internacionales el saber que el acceso a la información del aparato estatal no se cumple, pese a que existe una ley para ese fin, rebaja la confianza que vieron en el país cuando se aprobó la Ley.

Dentro de los requisitos establecidos en el documento para la aprobación del segundo compacto del Fomilenio, figuran en la meta número 6, bajo el apartado de "Profesionalizar la administración pública de El Salvador y mejorar la confianza del público en el gobierno. Acciones Específicas, lo siguiente: Implementar la Ley de Acceso a la Información Pública".

Entre los considerandos que se estipulan dentro del apartado se mencionan: Establecer el Instituto de Acceso a la Información y desarrollar sus regulaciones internas y mejorar los sistemas de manejo de registros para proveer información de manera oportuna, entre otros.

Portillo Cuadra manifestó que se cae en la imagen de que se viola la "institucionalidad y el Estado de Derecho", aún cuando la Relatora de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Gabriela Knaul, en su visita al país en 2012, observó lo anterior en un informe oficial, a lo cual el FMLN le restó importancia.

Tanto Villalta como Portillo Cuadra, afirman que las reformas a la Ley fueron la "estrategia" para que el presidente Mauricio Funes no acatara el fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de nombrar a los comisionados del Instituto de Acceso a la Información.

Para Villalta, los legisladores violaron la sentencia, pues los mismos artículos que en el Reglamento de la ley fueron declarados inconstitucionales por la CSJ, pues sobrepasaban las facultades de la ley, según la Sala de lo Constitucional, hoy en la reforma se incorporan a la normativa.

"Nuestro punto de análisis es que ahora regularlo en la ley, este tipo de elementos genera contradicciones y violaciones a principios de carácter constitucional y de derecho internacional", explicó.

Sobre esto, Portillo Cuadra ahondó un poco más. Según el abogado, no tiene validez el que hayan incorporado en la reforma, los artículos del Reglamento que la Sala declaró inconstitucionales. "Están expulsados del orden jurídico", afirmó, y con agregarlos a la ley no solventan la "inconstitucionalidad", dijo.

Otras irregularidades que también señalaron miembros del Grupo Promotor el pasado jueves, y que también fueron reafirmadas ayer por Villalta y Portillo Cuadra, tienen que ver con las modificaciones de la información que puede considerarse "reservada" y sobre quién deberá clasificarla de esa manera.

Anteriormente, la urgencia del Instituto de Acceso a la Información Pública era precisamente para que esta entidad deliberara en los casos en que una persona demandara ante esa institución la negativa de una información por parte de una entidad pública.

Con la modificación avalada el jueves pasado la función del Instituto se "desnaturaliza", dijo Villalta, ya que la verdadera función de dicha entidad prácticamente se pierde.

En la anterior ley, el Instituto se consideraba como una especie de Juzgado que dictaminaría si un funcionario está obligado a entregar la información solicitada o no.

Villalta dijo que si el presidente Funes sanciona las reformas pondrán un recurso de inconstitucionalidad en la CSJ. El mandatario dijo ayer que analizará las modificaciones y que si encuentra que son válidas las sancionará.

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