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Abogado de Cel comparece ante comisión especial

Juan Pablo Córdova, (de verde), abogado de Cel, compareció ayer ante los diputados de la comisión ad hoc que analiza el contrato suscrito entre Cel y la ENEL. foto edh / jorge reyes

Juan Pablo Córdova, (de verde), abogado de Cel, compareció ayer ante los diputados de la comisión ad hoc que analiza el contrato suscrito entre Cel y la ENEL....

Juan Pablo Córdova, (de verde), abogado de Cel, compareció ayer ante los diputados de la comisión ad hoc que analiza el contrato suscrito entre Cel y la ENEL. foto edh / jorge reyes

El abogado de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel), Juan Pablo Córdova, ilustró ayer a los diputados que integran la comisión ad hoc que investiga el contrato suscrito entre Cel y la empresa italiana ENEL, sobre cómo se realizó la firma del convenio y las condiciones legales en las que se suscribió.

El profesional detalló dos puntos medulares sobre el caso, a los cuales, los legisladores estuvieron muy atentos. Algunos de ellos ya habían revisado con anterioridad los documentos que en la sesión de la semana pasada habían solicitado a Cel.

El punto de la discusión se centró en que el contrato firmado entre Cel y la ENEL fue "ilegal", por no haber solicitado el permiso de concesión de explotación del subsuelo a la Asamblea Legislativa.

Ese fue el criterio del abogado Córdova, ante las interrogantes que le plantearon los diputados Francisco Zablah, de Gana: Jaime Valdéz, del FMLN, y Douglas Avilés, de CD, aún cuando en un inicio detalló que así se realizó en atención a lo que reza el artículo 119 de la Ley General de Electricidad, antes de que ésta fuera reformada.

"Aquí se sobreentendió que el artículo 119 facultaba para hacer eso, por eso se constituyó, luego viene la obtención de las concesiones", afirmó Córdova.

Se refirió también a la limitante constitucional que existía en ese momento y tildó de que los funcionarios de la Cel de ese entonces se "extralimitaron" en sus funciones.

"Aquí hay un problema que no hubo autorización de la Asamblea Legislativa que es facultar a la Cel concesionar eso, son bienes raíces, de acuerdo con el Artículo 223 de la Constitución, forma parte de la Hacienda Pública, para disponer de estos bienes, debe haber una autorización de la Asamblea igual para los activos", explicó.

El otro punto que destacó Córdova es el hecho de no haber puesto un plazo límite a la concesión que se firmó con ENEL, pero recordó que en 1996 cuando se emitió la ley de electricidad se permitía la mayor participación del sector privado.

"En esa ley no se estableció límites para las concesiones, esta ley proviene antes de la reforma constitucional, en la cual teníamos un artículo que establecía un plazo de 50 años para las concesiones", aseveró.

En resumen, según Córdova, en el contrato la Cel renunció a hacer uso de las recapitalizaciones de la inversión, y que tampoco cobró a la ENEL por explotar el subsuelo, por lo que criticó que se trató de un contrato en su artículo 6 "mal elaborado".

Sin embargo, el diputado de ARENA, Edwin Zamora, indicó no estar de acuerdo con la interpretación que hizo el abogado Córdova sobre la redacción del contrato. "Yo no soy abogado pero mi interpretación de lo que dice la ley, es que si facultaba, precisamente si pasó por la Asamblea para hacer estas acciones, la visión de él (Córdova) es diferente, por eso es importante escuchar otros puntos de vista para concluir", dijo.

En tanto que, Mario Valiente, de ARENA, criticó que la discusión se ha centrado en medidas que se tomaron en el pasado que fueron legales antes de que se hiciera la reforma a la Ley General de Electricidad, y que en cambio, el gobierno actual no revela las utilidades que le ha generado el contrato con INE (Inversiones Energéticas), por cerca de $160 millones solo el año pasado.

Solo los diputados Zablah, de Gana y Valdéz, del FMLN, acuerparon los argumentos del abogado de Córdova, el abogado de Cel.

"Fue bien claro el abogado en decir que la facultad para concesionar o ceder tenía que haber pasado por la Asamblea, sino pasó por la Asamblea desde allí tenemos un problema bien grave. Si alguien concede, entrega o da algo que no tenía la facultad de hacer, allí tendríamos el problema", lamentó Zablah.

Mientras que para Valdéz lo importante es determinar la responsabilidad de los funcionarios de la Cel que en ese momento acordaron hacer el contrato con ENEL. "El fondo de este conflicto es determinar quienes fueron los funcionarios responsables que dispusieron de bienes del Estado sin autorización de la Asamblea", aseveró.

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