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Carta a los que piden una Comisión Internacional contra la Impunidad

Estimados amigos:

Todos estamos preocupados por la corrupción y por la falta de capacidad y voluntad de la Fiscalía –y de su actual titular– de investigarla y perseguirla. Todos estamos conscientes que la Fiscalía no es realmente independiente. Y todos sabemos que la impunidad no solo es un problema de la Fiscalía, sino también del sistema judicial, de la Asamblea, del Ejecutivo, de los partidos. Hasta ahí hay un amplio consenso.

Entonces, ustedes dicen que la solución es pedir que nos instalen una Comisión Internacional contra la Impunidad, como la Cicig en Guatemala. Yo tengo mis dudas: prefiero que todos nos concentremos en presionar que el país tenga una Fiscalía que puede combatir la impunidad y la corrupción.

En vez de pedir una Comisión Internacional, que por definición sería temporal, necesitamos hacer funcionar nuestras instituciones constitucionales y permanentes. Comenzando con la Fiscalía.

Este año la Asamblea Legislativa tiene que elegir al nuevo Fiscal General. Hay que aprovechar esta oportunidad para crear acuerdos sobre una reforma profunda de la Fiscalía. El punto de partida es encontrar a un fiscal competente, independiente y audaz, que rompa con la tradición de usar la Fiscalía como centro de extorsión. Un fiscal que ni encubre corrupción, pero que tampoco acepta encargos de venganza política.

Sin un buen fiscal no avanzamos en nada, pero tampoco el mejor fiscal resuelve todo el problema. Hay que reformar la Fiscalía, y tienen razón: Para esto se necesita intervención de organismos y personajes internacionales, que no tienen intereses propios: ni políticos, ni económicos, ni partidarios. Tienen razón ustedes: Solo así se corta el nudo gordiano que amarra la corrupción y la impunidad.

Dentro del proceso de elección del nuevo Fiscal General, hay que construir un acuerdo de reformar la Fiscalía, y de conseguir para esto los apoyos e impulsos internacionales necesarios. La figura es simple: Nada impide al nuevo Fiscal General a nombrar, dentro de su institución, pero con autonomía de criterios y procedimientos, a un fiscal especial. Este fiscal especial puede ser un extranjero, escogido por Naciones Unidas (así como pasó con el Comisionado que en Guatemala dirige la Cicig), y que tenga entre sus facultades la de crear una comisión especial con dos tareas: llevar adelante investigaciones especiales contra la impunidad, así como lo hace la Cicig; y generar reformas al funcionamiento de la FGR, que en un plazo razonable hagan dispensable la intervención internacional.

Es un modelo parecido a la Cicig guatemalteca, pero la diferencia es que trabaja dentro de la Fiscalía y para reformarla. Tiene mucho menos complicaciones constitucionales que delegar funciones de la Fiscalía a un organismo paralelo. No requiere de compleja y controversial legislación, como la instalación de una Comisión Internacional paralela a la Fiscalía. Y tiene una enorme ventaja: Garantiza que cuando termine el mandato temporal del fiscal especial y de su comisión internacional, nos dejará una Fiscalía reformada que por si sola puede cumplir su mandato de combatir la impunidad y la corrupción.

Como dije: El primer paso es saber asegurar que se elija como Fiscal General a un profesional con el coraje y la voluntad de cortar el nudo gordiano de la impunidad con la necesaria ayuda de la comunidad internacional y de la ciudadanía, con profesionalismo e independencia, y con la visión de asegurar que en el presente y en el futuro el juego político, institucional y económico del país sea limpio, y no para satisfacer revanchismos y resentimientos. Sería la FGR la que haría un convenio con Naciones Unidas y otras instancias internacionales, no el gobierno.

No pidamos milagros ni inventemos un "deus ex maquina" que caiga del cielo y resuelva nuestros problemas, cuando dentro de nuestro marco institucional podemos construir soluciones sostenibles que no alteran ni la soberanía ni la institucionalidad del país.

Está abierto el debate. Saludos, Paolo Lüers