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Carta a los organismos financieros internacionales

Señores:

El 16 de abril de 2015, la Asamblea Legislativa ratificó un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por un total de $100,000,000. Destino: “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”.

En vez de ejecutar los “proyectos de inversión productiva y social”, parece que el gobierno tiene estos 100 millones como fondo de reserva: Cada vez que tienen un problema de liquidez, que es frecuente, corren a la Asamblea para que les permitan reasignar un pedacito de este fondo para pagar sus cuentas.

Primero se recetaron 13 millones para pagar los salarios de la Fuerza Armada. Indudablemente es necesario para a los soldados, pero esto está ya contemplado en el presupuesto nacional de la nación - y si no lo es, cometieron una inconstitucionalidad. De todos modos, no es “Apoyo a proyectos de inversión productiva y social”, que el giro del préstamo.

Luego se recetaron (siempre del mismo fondo del BCIE) otros 15 millones para los famosos bonos a los policías. Otro gasto necesario. Pero nuevamente la pregunta: ¿Por qué no lo incluyeron en el presupuesto? Y ciertamente, tampoco es “inversión [productiva y social”.

Pero esto no es todo: Pasaron por la Asamblea la autorización de reasignar $5,063,010 a Hacienda. ¿Saben para qué? Para pagar las cuotas para organismos internacionales. Gastos absolutamente previsibles, que tienen que estar incluidos en el presupuesto. Obviarlos es un delito…

Ya que Hacienda se recetó una parte de los fondos destinados para inversión social, de un solo agarró otro pedacito sabroso: $6,100,000 para -¡no lo van a adivinar!- la deuda política que Hacienda tiene que pagar a los partidos. Otra inversión productiva que va a sacar adelante nuestra economía…

Y de último viene Casa Presidencial exigiendo su tajada: 4 millones para “gastos administrativos” - aprobados por la Asamblea sin que nadie informara de qué tipo de gastos se trataba. Hasta después nos dimos cuenta que esta pedazo del pastel incluía 1.5 millones para que el alcalde Miguel Pereira del FMLN pueda cumplir su promesa de reconstruir el Estadio Juan Francisco Barraza en San Miguel.

Me encanta que los migueleños tengan su estadio, pero por qué esconden su financiamiento dentro de “gastos administrativos” de Casa Presidencial y dentro de un préstamo para “inversiones productivos y sociales”? ¿Por qué, si no es para consumo de propaganda, será Casa Presidencial que regala a los migueleños un estadio?

Con estos 5 pedazos de pastel ya le quitaron al fondo de inversión social un total de $43,163,010, o sea el 43%.

¿Qué tiene que decir el BCIE de esto? ¿Qué dicen los expertos del Banco Mundial, de Fomilenio, del Fondo Monetario del hecho que el gobierno usa préstamos para inversión productiva y social para solventar sus gastos corrientes? ¿Qué dice la Asamblea Legislativa, que aprobó un presupuesto nacional, el cual por ley tiene que incluir todos los gastos previsibles, y luego resulta que los salarios y bonos de Fuerza Armada y PNC, así como la deuda política de los partidos y las cuotas de membresía de Naciones Unidas y OEA no estaban incluidos?

¿Y cuándo va a haber inversión productiva y social?

No se hagan del ojo pacho con un gobierno sin responsabilidad fiscal, señores. Saludos, Paolo Luers