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Carta a los magistrados de la Corte Suprema

La conquistado no se entrega. Ha costado demasiado caro volver a poner la sección Probidad de la Corte Suprema de Justicia en capacidad de cumplir su función constitucional como guardián de la probidad de los funcionarios, para ahora permitir que vuelvan a sacarle los dientes a esta institución clave. 

Tuvo que instalarse en el 2009 una Sala de lo Constitucional independiente. La sociedad entera tuvo que defender esta Sala del Frente y la gente de Funes y Saca se dieron cuenta que iba en serio la independencia de estos magistrados. Hubo que derrotar dos intentos de tomarse de asalto el control de la Corte Suprema. Y tuvo que pasar otra elección complicada de magistrados de la Corte, ahora en el 2015, para lograr una Corte Plena más unificada alrededor de la institucionalidad democrática del país.

Y entonces, la Corte le quitó el bozal a la Sección Probidad, devolviéndole el mandato de examinar de fondo, y no solo de forma, las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, incluyendo presidentes de los órganos del Estado. Y la Corte Plena retomó su facultad de iniciar juicios contra los funcionarios que no pasaron este examen.

Inmediatamente viene la contraofensiva: en el debate sobre la nueva Ley de Probidad, iniciada para evitar que alguien vuelva a ponerle bozal a la Sección Probidad para proteger a funcionarios corruptos, introducen de contrabando algunos artículos que, al ser aprobados, volverían a echarle agua a esta ley y quitarle fuerza a la Sección Probidad.

El Frente y sus aliados de Gana quieren quitarle a la Corte Plena la facultad de supervisar la Sección Probidad y de autorizar sanciones y apertura de juicios. Quieren que tres magistrados de la Sala de lo Civil asuman esta función, y no los 15 magistrados en pleno. Calculan que es más fácil corromper a tres magistrados que a los 15…

Además quieren eliminar de la legislación la llamada “presunción de enriquecimiento ilícito”, que ahora permite abrir juicios contra quienes entregan declaraciones patrimoniales donde los números no cuadran.

Posiblemente tengan la mayoría simple de 43 diputados para hacer estas reformas. Pero esto no significa que la sociedad tenga que aceptar este retroceso en nuestra proceso de fortalecer y transparentar las instituciones democráticas. Dependería de ustedes, los magistrados de la Corte Suprema, sobre todo de la Sala de lo Constitucional, que pongan paro a esta maniobra. La consigna “Lo conquistado no se entrega” no es patrimonio de ninguna ideología particular, aunque la hemos escuchado más en manifestaciones de la izquierda. 

Los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y vigilancia (como por ejemplo la Sección Probidad) son patrimonio y conquistas de la sociedad entera, y ustedes como magistrados son sus guardianes. 

Siempre, cuando ustedes ejercen esta su función de guardianes, la sociedad civil les ha apoyado, y los partidos al final han tenido que aceptar las reglas.

Saludos, Paolo Luers