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Carta al director general de la PNC: ¿Ya leyó el art. 6 de la Constitución?

Estimado comisionado Ramírez Landaverde:

Por favor dígame que la carta que circula en redes sociales, del inspector jefe Joaquín Eduardo Hernández Rodríguez al Fiscal General en funciones es una vil falsificación, parte de una campaña de desprestigio…

En esta carta, se pide a la Fiscalía de la República “aperturar caso por Apología de Actos de Terrorismo” contra El Diario de Hoy y sus periodistas por haber publicado una serie de artículos sobre el control que las pandillas ejercen en la ciudad capital.

Al no ser una falsificación, estaríamos en un grave problema, porque entonces sería la prueba de que la PNC, creada por los Acuerdos, como Policía que respete y garantice nuestros derechos constitucionales, hace lo contrario. En este caso, o sea si la carta es auténtica, por favor díganos que el inspector jefe ya está suspendido de sus tareas como jefe del departamento de investigaciones en la delegación Centro de San Salvador. Y no sólo él, sino también los autores intelectuales de este atentado contra la libertad de prensa, o sea los superiores que han autorizado. 

Alguien tiene que haber ordenado al inspector jefe que tomara esta iniciativa que, a todas luces, no corresponde a su cargo. No quiero pensar que fue usted…

El inspector jefe, en su carta, solicita la acción penal contra el periódico, basado en “el artículo 8 de la sentencia 22-20007/42-2007/89-2007/96-2007 de la Honorable Corte Suprema”. 

Quien sea que escribió esta carta demuestra mucha confusión jurídica - y lógica. La sentencia en cuestión no es de la Corte Suprema, sino de la Sala de lo Constitucional. Y el artículo 8 que cita no es de la sentencia, sino de la “Ley Especial contra Actos de Terrorismo LECAT”, que dice así: 

“APOLOGÍA E INCITACIÓN PÚBLICA DE ACTOS DE TERRORISMO

Art. 8:

“El que públicamente hiciere apología del terrorismo o incitare a otro u otros a cometer cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley, será sancionado con prisión de cinco a diez años”.

Si el autor de esta carta hubiera leído la sentencia de la Sala, se hubiera encontrado con este candado que los magistrados pusieron para que a nadie se le ocurra que los magistrados dan luz verde a restringir la libertad de prensa. Se hubieran topado con esta frase: 

“Tales dimensiones de la apología, podrían colisionar de forma aparente con el ejercicio de importantes derechos constitucionales como el de la libre expresión y difusión del pensamiento, libertad de opinión y crítica pública...”.

La conclusión de la Sala: Si un texto publicado no constituye “una incitación directa a cometer un delito o delitos determinados, quedará fuera de la órbita de lo punible”, como “todas aquellas expresiones ideológicas, políticas, artísticas … que no supongan tal fin”.

Los artículos de El Diario de Hoy, que la PNC clasifica como “apología del terrorismo”, obviamente no incitan a ningún delito. Describen el alcance del control de las pandillas, lo que obviamente equivale a constatar que la PNC está fracasando, esto sí. Pero, ¿a partir de cuándo es ilegal criticar a la PNC o al gobierno?

Si ustedes, los máximos jefes policiales y sus oficiales, entendieran el concepto de la libertad de expresión y prensa, esta carta jamás hubiera sido escrita.

No nos demos paja. Si hasta la fecha usted no la desmintió, la carta es auténtica. Además coincide con el discurso suyo y del ministro Lara. Es un ataque inusual e inaceptable a la libertad de prensa por parte de la institución llamada a proteger estas libertades. Una iniciativa de este tipo no la toma un inspector jefe de la delegación Centro. A menos que se sienta respaldado por sus superiores en la PNC y en el gobierno.

Usted tiene la palabra, comisionado. Saludos, Paolo Lüers

Posdata: En caso que no lo haya leído, el art. 6 de la Constitución dice: “Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás”. Describir la realidad y criticar a las autoridades no subvierte el orden público, la represión de libertades sí.