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Una cosa son funcionarios; otra, comercios independientes

Al descubrir a un funcionario con propiedades, casas, quintas en Chalatenango, haciendas, cuentas bancarias, etcétera, que no se explican dados los salarios que devengó, hay que investigarlo, encausarlo y apresarlo 

A medida que Probidad de la Corte Suprema profundiza en sus investigaciones parece cundir la inquietud en sectores oficialistas y sus aliados.

Para la señora presidenta de la Asamblea, Probidad no sólo debe investigar a actuales y pasados funcionarios públicos, sino que todo el mundo debe presentar una declaración patrimonial ante Hacienda.

Y es que los comunistas creen que si alguien tiene bienes “de más”, es porque se los quitó a otro dejándolo con bienes “de menos”.

La economía, o las naciones, simplemente no crecen según el marxismo, sino que únicamente hay traslados de riqueza o pobreza de unos a otros, dejando a “el Estado” la tarea de “dar a unos de acuerdo con sus necesidades quitando a otros de acuerdo con sus capacidades”.

Los súbditos de regímenes rojos tienen que agradecer y obedecer; les queda poco espacio para otra cosa.

Por tanto, si un empresario que hace veinte años cabía en un zaguán con un mostrador y hoy tiene varias tiendas a lo largo y ancho del territorio, es que, según los rojos, debe de haber ido despojando a sus congéneres y, por lo mismo, se vuelve sujeto de sospechas.

En el planteamiento hay una pequeña falla que, con todo el respeto del mundo, señalamos: una cosa es manejar presupuestos públicos, manejos regidos estrictamente por las leyes, y otra muy distinta es enriquecerse, estancarse o empobrecerse como emprendedor, comerciante o agricultor privado.

A unos la ley les especifica cómo deben actuar, mientras a otros la ley los deja hacer lo que libremente dispongan si no violan ciertas normas.

Esa es la diferencia, digamos, entre un Estado totalitario que regula milimétricamente cómo debe la gente actuar, y una democracia en la que sólo hay determinados límites, las personas quedan en plena libertad de escoger sus caminos y lo que les conviene siempre y cuando no transgredan las leyes.

Al descubrir a un funcionario con propiedades, casas, quintas en Chalatenango, haciendas, cuentas bancarias, etcétera, que no se explican dados los salarios que devengó, hay que investigarlo, encausarlo y apresarlo a menos que compruebe haberse sacado la lotería española durante seis meses consecutivos.

Si, por el contrario, un dueño de negocios en vez de crecer se ha ido encogiendo, hay que ayudarlo para que revierta la tendencia, pues al no ser así sufren sus empleados y se afecta la comunidad.
  
Con un crecimiento cero  seguiríamos en las cavernas
   
Al productor que crece por medios lícitos —pues esto no se aplica a contrabandistas, corruptos o narcos—, el público y las gremiales terminan agradeciéndole y premiándolo. Es gracias a ellos que la gente trabaja, se alimenta y cuenta con servicios costeados por los impuestos que paga.

O más bien hay que decir “y puede contar con servicios” a menos que el régimen que recauda esas contribuciones las despilfarre en programas surgidos de ocurrencias y en parte se las embolse.

 Si la economía se redujera a transferencias de unos a otros, una economía de cero crecimiento, seguiríamos en las cavernas, disputándonos unos con otros la carne del venado o la carroña del mamut.

O,  al menos, la capital seguiría con tranvías tirados por mulas, pequeños almacenes en el centro, mujeres con canastos, campesinos con carretas, calles con candiles...