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Quieren poner niños a marchar exponiéndolos a peligros

Las marchas amenazan la institucionalidad democrática, al querer suplantar la discusión racional de los asuntos públicos. Además socavan la confianza de la gente en la ley, se desarticula el quehacer productivo, se daña la economía

Más de 58 millones de dólares será el costo para el país de la llamada marcha por la paz, a la cual se ha denunciado que se pretende obligar a asistir a empleados de entidades autónomas y a grupos de alumnos de muchas escuelas e institutos nacionales para engrosarla.

Esos costos pesan sobre los sectores de trabajo, sobre las empresas y negocios, e inevitablemente los paga la población. En momentos de crisis tales cargas no sólo son perniciosas, sino también innecesarias, con el agregado de dañar a quienes producen.

De un tiempo acá, en particular a partir de la previa y funesta presidencia, el Ejecutivo, la Asamblea y muchas entidades estatales vienen creando leyes, reglamentos, asuetos, medidas y disposiciones diversas sin tomar en cuenta los costos de tales hechos ni las negativas consecuencias que ello causa a la economía. Hoy es otro asueto; hace poco fue lo del Día del Padre.

Marchas, mítines multitudinarios, confrontaciones callejeras y masas desbordadas no son nunca un mecanismo democrático para solucionar nada de importancia, pero son el recurso al que echan mano dictadores, movimientos sediciosos y potencias extrañas para injerir en una nación, generar el caos e intentar hacerse con el poder.

El dictador Martínez era muy adepto a las marchas, como lo fueron Stalin, Mao, Hitler y todos los carniceros del Siglo XX. Y lo siguen haciendo los hermanos Castro como lo hará en el futuro cada dictadorzuelo que surja. Martínez obligaba a entrenar en marchas a todos los escolares desde un mes antes del 15 de Septiembre, en el antiguo Campo de Marte.

Lo que deben condenar todos los sectores es que se pretenda obligar a escolares, el número que sea, a participar en la anunciada marcha, pues al ser menores de edad, dependientes de sus familias y bajo la tutela de las directores y personal de escuelas e institutos, se viola su bienestar y se les expone a peligros.

En los años 80, la guerrilla reclutó por la fuerza a muchos niños y adolescentes, los llamados "samuelitos", quienes en su mayor parte murieron en operaciones militares donde no tenían posibilidad alguna de sobrevivir.

Esos niños y adolescentes fueron parte de la carne de cañón o incluso murieron atrozmente a manos de esos mismos grupos subversivos tras considerarlos "infiltrados" o "aburguesados".

Y continúan las marchas y los entrenamientos, como se demostró con una fotografía en que la que se muestra a dirigentes de los rojos con niños provistos de lo que se dijo eran "fusiles de juguete", pero cuyo obvio propósito era formar grupos belicosos. Ya están muchísimos niños salvadoreños expuestos a ser reclutados por las pandillas, que los doblegan, esclavizan y transforman en asesinos y delincuentes, como para agregar el sometimiento de marchas a los niños de nuestras ciudades.

Nada se resuelve con marchas

pero se daña la economía

Las marchas han sido un viejo recurso para sustituir la legalidad, sobreponerse a los procesos democráticos, a las votaciones y a la sensatez. Es suponer que grupos que se ponen a marchar pueden en alguna medida pasar por encima de los mecanismos válidos de tomar decisiones en una democracia.

Con marchas violentas también se ha amenazado la institucionalidad democrática, al querer suplantar la discusión racional de los asuntos públicos.

Además socavan la confianza de la gente en la ley, se desarticula el quehacer productivo, se daña la economía y se introduce lo imponderable y arbitrario en la vida de una nación.