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Para la gente, robo es robo y no debe quedar impune

La aplicación de la ley no es una competencia de popularidad, cuanto de examinar evidencias, ir tras secuaces y prestanombres, averiguar si dineros y compras fueron hechos con medios lícitos

En los viejos tiempos la pregunta que muchos hacían al ver que un funcionario pasaba a mejor vida en el desempeño de su cargo era “¿robó o no robó?”. Y en un caso, célebre en su momento, al encarar a un personaje sobre la cuantía conocida de lo robado, dijo “¡cabal!”. La cifra era exacta...

Ahora lo que se pregunta es si hubo o no hubo “enriquecimiento ilícito”.

Sobre los últimos casos de presunto enriquecimiento ilícito vale lo que dijo el Arzobispo de San Salvador: si hay mérito en las acusaciones, si están fundamentadas, que la Fiscalía inicie proceso contra los dos últimos expresidentes, Funes y Saca.

 No viene al caso que el partido oficial apoye o no apoye a Funes. Tampoco tiene validez que la Asamblea se pronuncie en favor o en contra, o que “el ilustrado gobierno de la República Soberana de Miranda” (como en “El Discreto Encanto de la Burguesía” del genial cineasta Luis Buñuel) “resuelva respecto al tráfico de drogas que involucra a varios diplomáticos”.

Que se recojan miles de firmas en favor de los involucrados, o que se lancen campañas mediáticas de apoyo, no cambia nada.

No se trata de sacar a la calle populachos para condenar a Cristo y absolver a Barrabás, sino de hacer justicia.

Tampoco tiene validez lo de “es inocente porque yo digo y porque mi partido apoya al procesado”. Tal actitud es una burla a la ley y al orden jurídico de un país.

No se debe manosear la justicia en una nación

La aplicación de la ley no es una competencia de popularidad, cuanto de examinar evidencias, ir tras secuaces y prestanombres, averiguar si dineros y compras fueron hechos con medios lícitos, establecer si las mansiones y las limosinas y las joyas se adquirieron en buena ley o no. Y es hasta entonces que se puede responder a la pregunta: ¿Robó o no robó?

Por su parte, la gente de la calle, el pueblo, tiene sobrada razón en no diferenciar entre el carterista que les roba el salario dentro del bus y del corrupto que desvía presupuestos públicos y los privatiza en su provecho.

Para la gente, esos dineros son sus bienes, son dineros de toda la población, no patrimonio del partido, de los diputados, de uno de la legislatura, de aquel expresidente enriquecido ilícitamente.

Dice bien el Arzobispo: si hay causa justificada, que los procesen. Y todos llegan a la conclusión de que, si resultan culpables, los metan en la cárcel.

Sin demostrarle nada, al expresidente Flores lo machacaron en las mazmorras de la PNC y en su arresto domiciliar hasta que murió, pues, para la izquierda, acusar equivale a demostrar, demostrar lleva a condenar y condenar termina en los paredones o en el balazo en la nuca.

Perdonar o hacer campaña en favor de corruptos es como si los tribunales que juzgan a un homicida o un extorsionista indagaran sobre su comportamiento en la colonia donde vive o lo que los vecinos piensan de él.

La institucionalidad, el Orden de Derecho, la imparcialidad de los jueces, son patrimonio precioso de los pueblos no sujeto a manoseos para encubrir a corruptos.