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Los difamados actuaron ajustados a la ley vigente

El partido oficial, los comunistas, se valen de acusaciones, de medidas administrativas, de arbitrarias interpretaciones a la ley y de la difamación, para arremeter contra la oposición

Numerosos jueces han respaldado a la Jueza Séptima de Paz, Evelyn de Solís, por la resolución que emitió sobre el caso CEL-Enel, que reconoce que los demandados actuaron con total apego a las leyes vigentes.

Que lo resuelto por la Jueza concuerda con la jurisprudencia vigente en el mundo lo demuestra el hecho de que en las dos instancias en que el país se sometió a un arbitraje, Enel ganó, recibiendo inclusive el respaldo del árbitro nombrado por el Gobierno de El Salvador.

El caso contra los directivos de CEL se basó en la aplicación retroactiva de una resolución de la Corte Suprema que estableció que sólo la Asamblea puede concesionar bienes soberanos del país, lo que deja en manos de políticos con escasos conocimientos sobre tecnología y producción decidir cuestiones vitales para el futuro de los salvadoreños.

La demanda, que no cuesta calificar como monstruosa, tendrá consecuencias nefastas, pues en adelante será muy difícil --si no imposible-- atraer inversiones para desarrollar la geotermia o minería, pues nadie en su sano juicio se arriesgará a meter buen dinero en un país donde las leyes se manosean y además pueden aplicarse a compromisos adquiridos mucho tiempo antes de ser aprobadas.

A esto se suma otro hecho muy grave: el ataque concertado de varios poderes del Estado y de grupos políticos contra personas que están en la oposición o que no se acoplan a las exigencias y proyectos que adelanta el gobierno y el partido oficial.

A ello también se agrega que el partido oficial, los comunistas, se valen de acusaciones, de medidas administrativas, de arbitrarias interpretaciones a la ley y de la difamación, para arremeter contra la oposición, como en el caso de las multas y los cierres contra las Farmacias Económicas por un funcionario que salió de la oscuridad para perseguir a un opositor al régimen.

Insultos, acusaciones falsas y desplantes son el arma contra el buen nombre de otros, como las ruines acusaciones contra la diputada Ana Vilma de Escobar que el titular de la Corte de Cuentas no pudo sostener frente a ella. A esto se suman las peroratas semanales de la Presidencia, que no aportan nada de significado a la discusión pública o a bien orientar a la gente de El Salvador, sino que únicamente sirven para desahogar frustraciones y malquerencias.

No pueden con el Sitramss, pero iban a desarrollar la geotermia

La CEL, en manos de personas que nunca destacaron como conocedores ni menos expertos en asuntos eléctricos o de producción, viene usando patentes, tecnologías, conocimientos, métodos administrativos, experiencia, respaldo y el buen nombre de un consorcio, Enel, en el que participa como accionista de primer rango el gobierno italiano, cuyas acciones se cotizan en los principales centros bursátiles del mundo.

Lo que se ha tratado de vender al público es que nuestro país habría desarrollado por sí mismo la geotermia, disponiendo de una fuente renovable de energía, no contaminante y a un muy bajo costo.

Pero hay que ver lo sucedido con el Puerto de La Unión, que el régimen recibió completo y que no ha sido capaz de poner en funcionamiento o el cuasi caos creado en nuestra capital con las obras del Sitramss, que están desquiciando los quehaceres de la gente y la economía y destrozando las vías alternas.

Estas gentes, se da a entender, son las que habrían "hecho mejor" lo realizado por LaGeo.