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Irresponsable impuesto a las comunicaciones

La oposición no sólo tiene el derecho de cuestionar, investigar y denunciar malos o no transparentes manejos del grupo gobernante y de funcionarios, sino que ese es su deber cívico, su razón de existir

Por oponerse al impuesto especial “para la seguridad”, una carga que ha provocado el repudio de todos los sectores y de la Iglesia Católica, Medardo, el que mueve a los comunistas, califica a la oposición política de “irresponsable”.

Lo irresponsable, sin embargo, es querer imponer, por la fuerza, un impuesto que perjudica las comunicaciones entre la gente, una nueva carga que afecta en forma negativa a la producción al encarecer el intercambio de datos e información, que golpea a los medios que entretienen y divierten a la población, que en muchas zonas del país está secuestrada, en sus colonias y barriadas, por las pandillas.
  
Lo irresponsable es decretar impuestos poniéndoles etiquetas falsas, como cuando se justifican préstamos diciendo que son para la salud y la educación pero que hasta la fecha no se ha visto que mejoren ambos campos, que van de mal en peor.

Hemos ya anotado que el bipolarismo comunista, de querer combatir la violencia pandillera por una parte mientras por la otra se alienta el odio de clases y las discordias entre sectores poblacionales, vuelve imposible que nuestro país logre superar el miedo, la inseguridad y el descenso económico en un previsible futuro.

Y eso hace que más y más gente se plantee las interrogantes: ¿adónde vamos como salvadoreños? ¿Qué clase de maldición ha caído sobre esta tierra, hasta hace pocos años tranquila y progresista?

Hablar de “seguridad” y combate al crimen es incongruente con los seguimientos, espionaje, acosos, insultos y descalificaciones que los que están en el poder actualmente, de manera permanente, realizan contra opositores, gremiales, círculos de pensantes y personas que tienen la desgracia de “caerles mal”.

No se justifica que un gobierno insulte a gremiales del sector productivo, acose y atropelle a personas por no estar de acuerdo con ellos --como en el caso del licenciado Rubio-- o que gaste enormes cantidades de los presupuestos para promover sus ocurrencias legislativas.

A esto se debe sumar la persecución política contra gente inocente, como los exdirectivos de CEL, un grupo profesional y de servicio más transparente, idóneo y mucho mejor calificado que los que fueron colocados posteriormente, como lo demuestra el gran hoyo de El Chaparral y los pagos a Astaldi, erogaciones que se hicieron pese a que los abogados de CEL las objetaron, pero que el gobierno Funes defendió a los cuatro vientos.
 

El momento es de recortar, 
no de seguir exprimiendo al país

  

Irresponsables no son los que cuestionan las políticas del grupo en el poder y se oponen a que continúe el saqueo vía impuestos y préstamos que nadie sabe cómo se van a pagar y que pueden llevarnos a la insolvencia a corto plazo.

Insolvencia significa que el país no tendrá recursos para enfrentar catástrofes naturales, desplome de cosechas, cierre de empresas y centros de trabajo, calamidades.

No es el momento “de aprobar más impuestos” como quieren los comunistas, sino el momento de recortar radicalmente gastos burocráticos, cambiar funcionarios fracasados como los de Salud por profesionales capaces e ir tras los que “ahorran” millones, llevan un ostentoso tren de vida inexplicable dados los ingresos que les fueron asignados en el presupuesto.

La oposición no sólo tiene el derecho de cuestionar, investigar y denunciar malos o no transparentes manejos del grupo gobernante y de funcionarios, sino que ese es su deber cívico, su razón de existir, como asimismo es el deber de los ciudadanos.