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Inventándose más amenazas para exprimir a la gente

El actual alboroto no nace de una legítima preocupación, sino de lo que Probidad ha ido sacando a luz sobre la acumulación de bienes y sorprendentes fortunas en manos de funcionarios y exfuncionarios

Para sostener los despilfarros, viajaderas y ocurrencias de funcionarios, la presidenta de la Asamblea, que funge como la de facto ministra de Hacienda, anunció nuevas presiones y amenazas sobre los contribuyentes, incluyendo penas de cárcel a los que consideren evasores.

A los contribuyentes, lo que prácticamente abarca a todos los productores, les obligarán a declarar sus patrimonios, no sólo bienes que producen una renta, sino todo lo que posean. Y eso, dicen, servirá para que el Fisco pueda calcular mejor cuando haya “un enriquecimiento”.

Pero con esto se toca una cuestión fundamental de la economía: ¿cuál es el valor de un bien y quién puede determinarlo? ¿Habrá peritajes capaces de decir lo que cuesta un inmueble, una obra de arte o lo que vale una empresa que presta asesorías?

El valor monetario siempre está sujeto a apreciaciones subjetivas, lo que abre espacios a errores, a diferencias de opinión e igualmente a chantajes y presiones. Y si la posibilidad se presenta de acusar a alguien de evasión y meterlo en la cárcel, también será posible negociar el punto y cobrar dinero.

En 2011, gremiales como la ASI denunciaron que, amparándose en su fuero, Lorena Peña reveló información de Hacienda que la ley no permite divulgar, lo que indica a lo que gente queda expuesta al entregar a Hacienda datos que pueden ser  filtrados y difundidos.

Y al ser así, el contribuyente corre el riesgo de linchamientos públicos como de extorsiones y secuestros. Entregar información confidencial es quedar a merced de cualquier cosa.

Los únicos evasores a gran escala en esta tierra son los corruptos y las figuras del crimen organizado, desde contrabandistas hasta narcotraficantes. La gente de trabajo se cuida mucho de no delinquir.

El gran sofoco se derivade su propia bancarrota
 
El actual alboroto no nace de una legítima preocupación, sino de lo que Probidad ha ido sacando a luz sobre la acumulación de bienes y sorprendentes fortunas en manos de funcionarios y exfuncionarios públicos.

 Hay otra faceta grave que no se considera en las atolondradas propuestas: un funcionario de los actuales puede sustituirse sin que nada pase en una dependencia pública, pero si el responsable de un negocio, comercio o fábrica va a la cárcel por presunciones o suposiciones, este negocio con toda probabilidad cerrará a muy corto plazo. Y al cerrar, su personal termina en la calle y se afecta negativamente toda la cadena productiva de la que forma parte.

Si los dejan, los comunistas meterían en campos de concentración a “los ricos” sólo por serlo, incluyendo a los compañeros de viaje, pero las consecuencias no se hacen esperar: colapsa la economía como está colapsando en Venezuela, cunde el desempleo, se derrumban los ingresos fiscales y se espanta a todos los otros emprendedores.

¿De dónde el gran sofoco de la señora presidenta?

La respuesta recuerda una vieja canción: una poca de ignorancia, mucha rabia y resentimiento social, una poca de ver cómo están colapsando las finanzas públicas.

A causa del torpe manejo de los presupuestos y por culpa de la corrupción --se dice que no tienen cómo terminar el año--,  a lo que se suma que hay enormes tragaderas de recursos sin que se vea ninguna obra de valor (andar repartiendo bolsitas de semillas es pura comedia) se sienten con el agua hasta el cuello.

Era necesario buscar el chivo expiatorio, la figura a la cual culpar de los sonados fracasos de los rojos y su “revolución”. De allí “los evasores”...