Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Hasta a la realeza la investigan por corrupción

La Corte, por su parte, puede pedir al FBI y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ayuda para establecer si durante las dos últimas presidencias hubo movimientos no lícitos de dineros

Es válida la propuesta presidencial de reunirse con los exmandatarios del país para analizar la aguda crisis nacional y hacer un esfuerzo para encontrar soluciones.

Pero es obvio que mientras no se conozca el informe de auditoría de la sección de Probidad de la Corte Suprema sobre los dos últimos gobernantes, sus credenciales para formar parte de un grupo de análisis estarán susceptibles a cuestionamientos. La situación debe resolverse al más corto plazo posible.

La Corte, por su parte, puede pedir al FBI y al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ayuda para establecer si durante las dos últimas presidencias hubo movimientos no lícitos de dineros públicos y quiénes están involucrados, investigaciones que son de rutina a juzgar por lo revelado por Funes precisamente de informes confidenciales de las autoridades estadounidenses.

Nadie debe estar por encima de la ley en casos graves de corrupción, como lo demuestra el juicio que se realiza en España contra Iñaki Undargarin, esposo de la infanta Cristina, hermana del Rey Felipe, y contra ella misma por complicidad. Se dice:
“...La infanta Cristina se convirtió en el primer miembro de la familia real que se sienta en el banquillo de los acusados al arrancar en Palma de Mallorca el juicio por los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin, que presuntamente se enriqueció ilícitamente aprovechando sus conexiones con la realeza...

“Cristina de Borbón está acusada de dos cargos como supuesta cooperadora necesaria en fraude fiscal. Si es hallada culpable podría ser condenada a hasta ocho años de cárcel...”.

Con la atropellada aprobación de la Ley de Probidad, cuya validez está seriamente cuestionada —“ley protectora de corruptos” como la califica Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde—, el público se siente defraudado, pues frente a sus ojos una multiplicidad de funcionarios y activistas del partido oficial “han pasado a mucho mejor vida”, residiendo en casas y mansiones más allá del común de la gente.


No cesan los meneos
para encubrir a los corruptos 
    

 Cuando los corruptos impunemente exhiben sus mal habidas fortunas, sus haciendas y negocios, sus “cuatro por cuatro”, muchos también se sienten con licencia para robar y engañar. Es entonces que un país corre el riesgo de desenfrenarse, caer en una forma de anarquía e hundirse en la inseguridad total.

Funde enumeró varios casos de oscuros manejos que falta investigar, entre ellos:
--el pago de $108.5 millones por la inconclusa represa El Chaparral;
--la ampliación de la central hidroeléctrica 5 de Noviembre;
--las reservas de Casa Presidencial sobre los viajes y los detalles sobre gastos de publicidad durante la gestión del expresidente Mauricio Funes;
--la nula respuesta del Ministerio Público en el caso de la compra de terrenos del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes.

Todos estos casos, agregan, deben ser investigados a fondo y judicializados.

El grupo en el poder, por su parte, está clasificando información como “confidencial” o ser “secretos de Estado”, lo cual se presta para tapar corruptos.

Se dice por una parte que CEL está entregando información que se le pide, que varios ministerios colaboran, pero en cambio hay otras entidades que se desviven por esconder información.

Y allí vale lo de “quien nada teme, nada oculta”, aunque al manosear la política la administración de justicia, como en el caso del expresidente Flores, nadie queda libre de ser víctima de atropellos salvajes.