Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Si no lo hacen con su dinero tienen que informar al país

Que los funcionarios no consultan con nadie, fuera del partido que lo apadrina, se comprueba con la puesta de candados a lo que es información a la que tiene derecho de acceder la ciudadanía

Se informó que CEPA ha adjudicado a dos empresas la atención de servicios en tierra a las aerolíneas en el aeropuerto internacional de El Salvador, pero la entidad inicialmente rehusó revelar el nombre de los grupos beneficiarios o las condiciones del contrato, alegando que es “información reservada”.

No se puede negar esa información pues se trata de dineros manejados por un ente público, de contrataciones que deben cumplir con las leyes de la República, de un asunto que interesa a los salvadoreños y a los usuarios de la terminal de aeronaves, cuya seguridad personal se involucra.

No pertenece a la potestad de un funcionario también público, cuyo salario se paga de presupuestos estatales y cuyas funciones están precisamente definidas en las leyes del país, negar información de esa naturaleza, aunque argumente que el caso no compromete fondos públicos porque la relación es entre las aerolíneas y las empresas de apoyo, en tanto que CEPA “sólo recibe cánones por los mismos”.

CEPA debe saber --hay que recordárselo-- que su administración al igual que sus operaciones no son un asunto personal de la presidencia de la entidad o de su junta directiva o de sus ejecutivos y gerentes, sino que son temas nacionales e intereses nacionales los que están en juego. Y la gente de El Salvador no está renunciando a averiguar lo que se hace con lo que es el patrimonio de todos.

A esto se suma otro hecho: con la actual gestión el mantenimiento y operación del aeropuerto ha venido deteriorándose visiblemente, comenzando porque hay  “mangas” de abordaje que no funcionan, lo que obliga a los pasajeros a tomar buses para llegar a los aviones.

Cada día es más visible el deterioro del Aeropuerto

Las escaleras eléctricas, como los ascensores, han estado deficientes por meses, cayendo en el mal endémico de hospitales, escuelas y dependencias de gobierno: lo que se arruina no se repara a tiempo, lo cual perjudica tanto a las personas que tramitan documentos o lo que sea en ellas, como a los empleados.

Y la gran solución es colocar nueva cerámica sobre los pasillos del aeropuerto, ocasionando más molestias a pasajeros, a personal de las líneas aéreas y a los negocios que allí operan.

CEPA es una entidad de importancia vital para nuestro país, no sólo por la carga y el tráfico que maneja, sino también hasta por cuestiones de imagen. Y choca a los visitantes encontrarse con un aeropuerto que funciona casi precariamente, lo que desalienta a potenciales inversionistas y turistas.

Es evidente que quienes están al frente de la entidad carecen de la formación y la experiencia como para administrar el día a día de las operaciones del aeropuerto internacional, no digamos para plantear asuntos de gran envergadura como es la renovación de esa terminal de aeronaves y la puesta en marcha del Puerto de La Unión.

Y que los funcionarios no consultan con nadie, fuera del partido que los apadrina, se comprueba con la puesta de candados a lo que es información a la que tiene derecho de acceder la ciudadanía, pues se manejan servicios esenciales.

Los rojos no quieren admitir lo que es una realidad visible para todos: no pueden administrar, lo cual se origina en su política de nombrar en puestos de responsabilidad a personas que carecen de las aptitudes mínimas para desempeñarlos. Puestos pagados por todos los salvadoreños.