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Grandes artificios para acabar con licitaciones transparentes

Toda compra estatal, de lo que sea, usa dineros de la gente, recursos que entregan los contribuyentes a costa de sacrificios y que, por lo mismo, se deben emplear en la mejor forma

Todo apunta a que se está recurriendo a una serie de artificios para que la ley LACAP, que regula las compras y contrataciones estatales, no se aplique en varios rubros, particularmente en lo referente a la compra de medicinas, al igual que para concesionar los servicios aeroportuarios y en la adquisición de armas.

De allí, rápidamente, se iría acordando todo a dedo, como sucedió con las obras emprendidas por CEL y que condujeron al Gran Hoyo de El Chaparral y pérdidas multimillonarias.

Igual con las campañas publicitarias de Funes, pactadas con empresas que ahora están siendo investigadas por corrupción en Brasil y ya que han culminado en capturas y encausamientos.

Muchas empresas de Brasil, se ha revelado, inflaban sus precios, conseguían contratos gracias a desbordes colosales de simpatía y amabilidades con sus clientelas del Tercer Mundo, para luego pasar una parte del botín al Partido de los Trabajadores de Lula, que devolvía las gentilezas cabildeando a favor de esas firmas.

Para abonar contra la LACAP, Salud Pública culpa a los trámites por licitación y a la Sala de lo Constitucional por el desabastecimiento de medicamentos en la red de hospitales, lo que es una falsedad; no hay medicamentos pero por causa de la inepcia de sus autoridades en administrar presupuestos y convertir las licitaciones en embrollos.

Ya se encontraron medicinas embodegadas que prescribieron.

Cuando hay malicia y hay intereses non sanctos, se manosean las licitaciones para luego culpar a la LACAP de fallas y errores, todo con el objetivo de que se pase a las contrataciones directas, a dedo.

Y la prueba más evidente es lo que pasa con la adjudicación de las operaciones en el Puerto de La Unión: los requisitos son tales que no habrá consorcio marítimo que se haga cargo, lo que deja al Golfo convertido en una zona de nadie en la que campean los maleantes y al oriente del país sin un catalizador de actividad económica.

No hay LACAP que cuide los intereses de los salvadoreños si las exigencias para cada licitación son propicias para que se favorezca una firma o se afecte a todas. No se nos borra de la memoria lo que en una ocasión la vieja ANTEL puso de exigencias para comprar máquinas fax: tomaron el catálogo de una marca y eso lo convirtieron en la base del contrato...

Nada de equipos sin respaldo o medicinas que maten

La otra inminente compra es la de armas, lo que si las autoridades se descuidan puede caer en manos de traficantes y no de firmas manufactureras de prestigio internacional, incluyendo industrias estatales de armamentos.

Y en las actuales circunstancias de una expansión del terror en el mundo, nadie en sus cabales querrá adquirir armas de los que suplen a todos los lados de la ecuación pero en especial a grupos sediciosos como el ISIS.

Pues no sólo se trata de armamentos sino de capacitaciones y de alianzas en la lucha para defender la paz y la gente.

Toda compra estatal, de lo que sea, usa dineros de la gente, recursos que entregan los contribuyentes a costa de sacrificios y que, por lo mismo, se deben emplear en la mejor forma y con toda transparencia. La gente no quiere medicinas que ponen en peligro a los pacientes, equipos sin respaldo ni garantías, negocios con grupos que compran voluntades y suben precios.