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Denuncian una mordaza más: la del Instituto de Medicina Legal

El bienestar y los problemas de una nación son responsabilidad de todos, pero esa responsabilidad sólo se asume cuando hay transparencia, se conocen las cosas y se someten a la discusión pública las grandes decisiones

Negar, encubrir o pretender censurar la información que tienen derecho a conocer los ciudadanos se ha vuelto "lo normal" para el actual régimen, como se demostró al decretarse reserva a una cuestionable concesión otorgada por CEL y lo relacionado con los viajes del mandatario al exterior, alegando que se ponía en riesgo "la seguridad nacional".

Ahora, como lo denuncia su director, se trata de imponer un "bozal" al Instituto de Medicina Legal, el cual, en cumplimiento de lógicas funciones, informa sobre su trabajo, lo que descubre a través de autopsias y el número de muertos durante una semana o un mes.

Pero en apariencia nada incomoda más al Jefe del Ejecutivo y al actual régimen que se revelen datos de lo que no marcha bien, de hechos que ponen en evidencia la mala administración de recursos públicos, de extrañas decisiones, de torpezas y de despilfarros.

Esa incomodidad o escozor lleva a descalificar a los que informan tildándolos de estar vinculados a partidos políticos, de ser chambrosos y mal intencionados, como si fuera por mala intención que se publican casos como el de FONAVIPO o el manifiesto desinterés que hubo con respecto al pobre niño Waldemar.

Pero es evidente que el crédito nacional, aunque ahora debe hablarse del descrédito nacional frente a entidades financieras externas, no es un asunto que afecte a un par de entidades estatales, sino algo grave que perjudica a todos los salvadoreños.

Lo es porque pagar más por préstamos debido a los ratings de entidades como Fitch no es sólo asunto del gobierno sino también un hecho que afecta el crédito de todos.

Conducen de manera irresponsable

y terminan estrellándose

Aquí se va de mordaza en mordaza, de represalia en represalia, de descalificación en descalificación. A los medios que no se pliegan al teatro montado por la izquierda y Capres se les cancela o se les reduce la publicidad oficial la que, a la vez, se adjudica a medios sin importancia alguna.

Cuando el actual jefe del Ejecutivo ejerció de criticador, oficio suyo de veinte años, hubo anunciantes que retiraron presupuestos, lo que dio lugar a la denuncia por pisotear la libertad de expresión. Pero una cosa es que un fabricante decida lo que hace con su publicidad, recursos propios, privados, y otra, lo que un ministerio hace con presupuestos públicos, dineros que son de los contribuyentes, no del señor ministro o de Capres.

En cierto modo, pretender ponerle bozal a una entidad pública como el Instituto de Medicina Legal viene a ser lo mismo: tapar hechos y datos que son o pueden ser de interés para los pobladores de un país, echando mano de la coacción, la descalificación o las "reservas".

Medicina Legal maneja datos que exhiben el tremendo drama que agobia a la colectividad como es, entre otras amargas realidades, la espantosa mortandad que azota al país.

Hay dos sucesos que demuestran las consecuencias de no cuidar aspectos esenciales de una conducción: el del Costa Concordia, un barco que encalló debido a que, en apariencia, su capitán pasaba enfiestado en los momentos críticos de la navegación, y otro, el del tren español cuyo maquinista se embriagó de velocidad hasta estrellarse, causando 79 muertos y 71 lesionados aún hospitalizados.

El bienestar y los problemas de una nación son responsabilidad de todos, pero esa responsabilidad sólo se asume cuando hay transparencia, se conocen las cosas y se someten a la discusión pública las grandes decisiones.