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Decretan una mordaza más para tapar lo que asusta

Si proteger "el buen nombre" de alguien es justificable, lo primordial y prioritario empero, es proteger de los incapaces, crápulas, saqueadores y delincuentes a los ciudadanos

Ningún hombre honrado necesita que por ley protejan su "imagen", su trayectoria ni su pasado, al contrario de lo dispuesto por la Asamblea Legislativa, multando fuertemente a quienes "denigren" a los candidatos a presidente y vicepresidente de la República.

Por el principio de igualdad jurídica, la ley no puede privilegiar a unos otorgándoles lo que no concede al resto, menos aun cuando el privilegio se basa en apreciaciones subjetivas y conclusiones arbitrarias.

O como lo dijo el doctor Bertrand Galindo sobre los cuestionados meneos de la CEL en el caso de la geotermia, "la decisión se tomaría en la cancha del gobierno, los árbitros los designará el gobierno, los criterios los define el gobierno, el fallo lo da el gobierno y la pena la fija el gobierno".

El decreto va a todas luces en enorme provecho de los candidatos de izquierda, ya que la iniciativa no partió del candidato de la derecha. Se esconde a las personas que mas deben escudriñarse.

La ley es casi calcada de las disposiciones que el déspota del Ecuador emite de tiempo en tiempo para amordazar a sus opositores y tapar sus excesos y sus desvaríos. Inició con sanciones por faltar "el respeto" a su augusta e imperial persona, pero ahora cubre a prácticamente todos los funcionarios.

Corren los diputados oficialistas a auxiliar candidatos con techo de vidrio y pasado oprobioso, queriendo evitar que se destapen sepulcros blanqueados y quede expuesta la gusanera y la pestilencia.

Denigrar, dice el Larousse, es "hablar mal de una persona o cosa, destruyendo así su buena fama u opinión, insultarlo, ultrajarlo". Pero las leyes ya tipifican los delitos de calumnia y difamación, por lo que una duplicidad generaría confusión y peor todavía, dobles acosos y mordazas a quienes informan, critican y debaten.

Quien no las debe,

no las teme

Ni la propaganda política ni la información sobre candidatos, programas y partidos "habla mal" de nadie, porque perdería de inmediato credibilidad frente al público. Otra cosa pero además muy válida es exponer la incapacidad de un funcionario o un candidato, sus torpezas, lo vacío de sus ofrecimientos, sus abusos y su pasado.

El decreto es inválido al otorgar privilegios sin precedentes en nuestra historia a un microscópico grupo de personajes que no nació con halo de santidad; además, niega a la gente el derecho de informarse sobre los vicios y fallas de individuos que pueden terminar manejando sus vidas, desconociendo que la democracia se basa en el voto informado.

Si proteger "el buen nombre" de alguien es justificable, lo primordial y prioritario empero, es proteger de incapaces, crápulas, saqueadores y delincuentes a los ciudadanos. Y el solo hecho de que haya candidatos que quieran tapar lo que son y lo que ha sido su trayectoria es suficiente para invalidar la ley de marras, una mordaza más sobre el país, sobre sus políticos y sobre el derecho de informar sin amenaza ni coacción.

Quien no las debe, no las teme.

El presente régimen viene imponiendo censuras, coacciones y restricciones a la información, la crítica, el debate y lo que se dice y se opina. Los presupuestos publicitarios del gobierno, que son fondos públicos y no fondos propiedad de funcionarios, se usan para premiar o castigar a quienes no se suman al corifeo de alabanzas por una parte y silencios forzados por la otra.