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Se debe comparar lo que tuvo con lo que ahora tiene

"...amerita un examen prolongado de sus finanzas y las cuentas del expresidente Funes. Después de eso es válido pensar en un finiquito", señaló Roberto Rubio, representante de Transparencia Internacional

"Dos organizaciones de lucha contra la corrupción", informó el viernes este Diario, "advirtieron que el presidente de la Corte de Cuentas, Rosalío Tóchez, no debe entregarle un finiquito o solvencia al expresidente Mauricio Funes mientras no se haga una profunda investigación de los bienes que posee.

"Hay que preguntar si Tóchez ha hecho o no una investigación a fondo, si se han comparado los bienes con los que llegó el expresidente Funes y con los que salió", declaró Roberto Rubio, representante de Transparencia Internacional para El Salvador.

Tóchez, en un planteamiento dialéctico que no se acaba de entender, afirma que Funes "no manejó fondos públicos", pese a que el Ejecutivo recibió, durante el quinquenio pasado, más de seiscientos millones de dólares en fondos, parte de los cuales son el presupuesto "secreto", pero no una asignación personal, no un regalo del Estado para que se haga uso de él al aire de un mandatario.

Pero en adición, Funes no sólo debe responder por bienes y usufructos que desbordan lo que fue su salario durante el quinquenio –-trescientos mil dólares, ya que antes de asumir la presidencia era un empleado de estaciones de televisión que residía en una casa alquilada—, sino también por ser responsable de los manejos de fondos públicos que hagan todos los funcionarios del Estado.

Un presidente es responsable del manejo de recursos públicos

Un presidente es moral y funcionalmente responsable de lo que se haga; el presidente de un país no puede responder a acusaciones sobre corrupción de ministros o subalternos, pidiendo que "le traigan las pruebas", sino que él tiene el deber de buscar esas pruebas, de asegurarse de que los fondos y presupuestos públicos se manejen con honestidad y plena transparencia, pues son patrimonio del país, no del gobierno ni de las figuras al frente de un gobierno.

Y pruebas sobre el inexplicable bienestar de Funes abundan, como se han consignado en varios reportajes periodísticos y por las imágenes publicadas en distintos medios noticiosos.

La casa que Funes dice "alquilar" no está situada en una zona de clase media, ni podría tener un canon de alquiler inferior a los diez mil dólares mensuales , tal como es el promedio para una residencia de esas dimensiones y calidad.

A ella se suman otras residencias y negocios como se viene revelando en los últimos meses.

"La presidencia es de las pocas instituciones que no da cuentas y por eso amerita un examen prolongado de sus finanzas y las cuentas del expresidente Funes. Después de eso es válido pensar en un finiquito", señaló Roberto Rubio, delegado de Transparencia Internacional y director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde).

Se ha reportado y documentado que allegados a Funes obtuvieron préstamos del estatal Banco Hipotecario para comprar propiedades donde luego se construyeron las mansiones que se le adjudican.

Desviar fondos públicos para fines privados, o para engrosar patrimonios de presidentes y funcionarios públicos, no sólo constituye delito, sino también es un grave atropello a la población, aun en países prósperos, no digamos para pueblos sumidos en la pobreza a causa de ruinosas políticas económicas, conflictos de toda naturaleza, violencia desenfrenada y altísimos impuestos que se suman a las extorsiones que deben pagar los dueños de negocios y el resto de ciudadanos.

Compárense las condiciones de la residencia "alquilada" por el expresidente con el estado de las escuelas públicas de El Salvador.