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Tres grupos civiles guatemaltecos presentan acción penal contra presidente

La acción tiene como objetivo que se investigue al mandatario sobre la adjudicación de un millonario contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social con una droguería

Tres grupos civiles guatemaltecos presentan acción penal contra presidente

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Tres grupos civiles de Guatemala presentaron hoy acciones penales contra el presidente del país, Otto Pérez Molina, por su puesta vinculación con un caso de corrupción desarticulado el pasado 20 de mayo en el Seguro Social.

El grupo Cadenas por la Libertad, la Fundación Denuncia Guatemala y la Asociación de Enfermos Renales de Guatemala acudieron este domingo al juzgado de paz de Turno para presentar dichas solicitudes, según informaron medios locales.

La acción tiene como objetivo que se investigue al mandatario por su supuesta responsabilidad en la adjudicación de un millonario contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) con la droguería Pisa para el tratamiento de enfermos con insuficiencia renal.

Por este caso, denominado IGSS-Pisa, fueron arrestadas 17 personas el 20 de mayo por la supuesta adjudicación anómala en noviembre de 2014 de un contrato del IGSS a la empresa farmacéutica Droguería Pisa, por 15 millones de dólares.

El Ministerio Público (MP) también investiga por esta causa la muerte de siete personas con insuficiencia renal desde enero hasta la fecha, que supuestamente habrían sido víctimas del mal servicio de Pisa, según dos denuncias de la Procuraduría de los Derechos Humanos.

Los fiscales del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) divulgaron como evidencia en contra de los detenidos algunas grabaciones de escuchas telefónicas.

En ellas, el trabajador de Droguería Pisa Rodolfo García-Granados Reyes le reclama a un hombre no identificado el por qué del fracaso de otro contrato que, en un principio, creían tener arreglado.

"Ojo porque ni siquiera fue con JD verdad", se excusa el desconocido, haciendo referencia a dos iniciales que, según señalan medios locales, podría hacer referencia al nombre del presidente del IGSS o a su junta directiva.

El Tribunal también escuchó una conversación entre García-Granados y Otto Fernando Molina Stalling, hijo de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Blanca Stalling, en la que supuestamente acuerdan entre un 15 % y un 16 % de comisión por la adjudicación del contrato de 15 millones de dólares.

Molina Stalling, también capturado y que ejerció como exasesor del IGSS, supuestamente queda en evidencia en una escucha telefónica de noviembre pasado donde una voz femenina no identificada le dice "deja de andar haciendo negocios con ese tu teléfono".

El presidente del Banco de Guatemala y también implicado en la trama, Julio Suárez Guerra, se defendió de las acusaciones al argumentar que no le correspondía administrativamente verificar la contratación de Pisa.

El escándalo de corrupción en el Seguro Social es el segundo que descubre el MP y la CICIG en los últimos 45 días, después de desarticular el pasado 16 de abril una supuesta red de contrabando y defraudación aduanera que provocó el 8 de mayo la renuncia de Roxana Baldetti a la Vicepresidencia del país.

Durante la audiencia de la primera declaración, el MP también reveló otras escuchas en las que se habla de que "la decisión -de suscribir el contrato con Pisa- fue de una distinguida dama".

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