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Régimen de Maduro procesa a la diputada que lo ha cuestionado

A la líder Corina Machado tratan de imputarle el delito de magnicidio

María Corina Machado saluda a seguidores en las inmediaciones al Ministerio Público luego de retirarse del recinto. foto edh /EFE

María Corina Machado saluda a seguidores en las inmediaciones al Ministerio Público luego de retirarse del recinto. foto edh /EFE

María Corina Machado saluda a seguidores en las inmediaciones al Ministerio Público luego de retirarse del recinto. foto edh /EFE

CARACAS. El Ministerio Público de Venezuela imputó ayer a la líder opositora, María Corina Machado, por su presunta vinculación con un plan de magnicidio para asesinar al gobernante Nicolás Maduro.

Durante la audiencia, la fiscal imputó a Machado, de 47 años, por el delito de conspiración, sancionado con una pena de entre 8 y 16 años de prisión. Sin embargo, la opositora enfrentará el juicio en libertad.

"Nuestra única opción es luchar para concretar la democracia y la libertad", dijo Machado al salir de la sede de la Fiscalía con una bandera venezolana sobre sus hombros.

"Estamos a las puertas de una transición", agregó secundada por líderes opositores y decenas de partidarios que coreaban "valiente, valiente".

La acusación contra Machado es la más reciente de un torrente de denuncias hechas por aliados de Maduro, quienes alegan que las violentas protestas registradas entre febrero y abril de 2014 fueron una fachada para derrocarlo.

La oposición ha rechazado las acusaciones y asegura que las denuncias son una estrategia del régimen para distraer a los venezolanos de la crisis económica del país.

Machado, junto al opositor Leopoldo López, dirigieron las protestas callejeras de principios de año buscando la renuncia de Maduro. En medio de las manifestaciones, las peores en más de una década en el país, se generaron enfrentamientos que dejaron más de 40 muertos.

En mayo, con las protestas ya extinguidas, el régimen acusó a Machado y otros líderes opositores, como el exrepresentante de Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Diego Arria, y Pedro Burelli, de ser los autores intelectuales del supuesto plan magnicida.

Para probar su teoría, los altos mandos del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) mostraron una serie de correos electrónicos supuestamente enviados y recibidos por Machado que, un mes más tarde, la propia empresa dueña del dominio descartó como auténticos.

"Nuestro país se desmorona, es un caos total y quienes se aferran al poder y son responsables de esta situación han decidido reaccionar reprimiendo, persiguiendo", dijo Machado en un video difundido antes de su audiencia.

"Me acusan de un crimen monstruoso que, todos saben, es una gran patraña. Me cobran porque llamo a las cosas por su nombre", agregó.

Rubio: la acusación es una farsa

"En Venezuela, los tribunales están amañados, los jueces son peones del gobierno y la justicia es imposible de lograr, que es lo que hace de la acusación a María Corina Machado una farsa. La sugerencia de que ella participó en un complot para matar a Nicolás Maduro sería risible excepto por el hecho de que el régimen lo está utilizando como base para acusarla", resaltó ayer el senador estadounidense Marco Rubio.

De acuerdo con una nota de prensa, comentó que "por ejemplo, el 80 % de los jueces venezolanos y el 95 % de los fiscales sirven bajo un estatus provisional que permite a Maduro nombrarlos o eliminarlos a su discreción. Otros garantes supuestamente independientes de derechos humanos en el sistema venezolano, como la Defensora del Pueblo, no han condenado los abusos flagrantes a los derechos humanos que han tenido lugar a lo largo de 2014".

Enfatizó que "antes de que termine el año, el Congreso debe aprobar la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela".

En su opinión, "la Administración de Obama también debería utilizar sus autoridades existentes para imponer inmediatamente sanciones financieras a las personas involucradas en esta parodia, así como otras violaciones de los derechos humanos por parte del régimen de Maduro desde febrero de 2014". —AGENCIAS

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