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Prohíben salir de Guatemala a diez exdiputados por corrupción

Perdieron su inmunidad al concluir su periodo legislativo. Fiscalía pidió medida para evitar que imputados salgan del país.

Fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que las medidas son para los sospechosos de corrupción.

Fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que las medidas son para los sospechosos de corrupción. | Foto por EDH

Fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, dijo que las medidas son para los sospechosos de corrupción.

La Justicia de Guatemala prohibió la salida del país para 10 exdiputados que ayer perdieron su inmunidad, tras finalizar sus períodos como congresistas, informaron  fuentes judiciales. 

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, reveló que las solicitudes fueron planteadas ante el Juzgado de Primera Instancia Penal de Diligencia Urgentes por el Ministerio Público (MP) contra los diputados acusados de casos de corrupción y tráfico de influencias. 

Se trata de los excongresitas Gudy Rivera, Daniela Beltranena y Emilenne Mazariegos, del exgobernante Partido Patriota (PP), y Baudilio Hichos, Manuel Barquín, Luis Chávez, Mirza Arrega, Mario Yanes, Mario Rivera y Jaime Martínez, todos de Libertad Democrática Renovada (Lider). Están acusados de participar en diferentes hechos de corrupción y tráfico de influencias en Guatemala. 

Beltranena fue acusada por el MP de haber asignado hasta 12 plazas fantasmas en la administración del Estado a personas recomendadas por ella y que aparentemente nunca llegaron a trabajar. 

Estos trabajadores habrían devengado salarios de entre 16.000 y 29.000 quetzales mensuales (unos 2.090 y 3.790 dólares). Mientras que Gudy Rivera también es acusado del mismo delito por presionar a una magistrada para que emitiera una resolución favorable a la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, en prisión preventiva por actos de corrupción. 

A Martínez y Barquín se les implica en una red conocida como “política y lavado”, y a Rivera del delito de lavado de dinero. A Chávez, Yanez y Arrega, el MP los acusa de sobornos y chantajes, en tanto que a Mazariegos se le imputa tráfico de influencias. 

A Hichos la fiscalía lo vincula con una contratación anómala de construcción de una clínica del Seguro Social y el arrendamiento de un edificio por el que habría recibo 2 millones de quetzales (261.780 dólares). La medida cautelar, solicitada por medio de la Fiscalía de Delitos Administrativos, busca garantizar la presencia de los exdiputados en Guatemala mientras se concluyen las investigaciones.

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