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Oposición Indignada amenaza con paralizar Honduras

El primer paro, especialmente del transporte colectivo, ocurrirá en la semana que recién inicia.

Los hondureños han realizado diversas protestas en las calles, para demostrar su desaprobación por casos de corrupción.

Los hondureños han realizado diversas protestas en las calles, para demostrar su desaprobación por casos de corrupción. | Foto por EDH

Los hondureños han realizado diversas protestas en las calles, para demostrar su desaprobación por casos de corrupción.

La autodenominada Oposición Indignada, que realiza frecuentes movilizaciones multitudinarias jamás vistas en Honduras, dio el domingo un plazo de 20 dí­as al presidente Juan Orlando Hernández para que pida a Naciones Unidas la instalación de una comisión internacional que erradique la impunidad y corrupción, y como medida de presión amenazó con paralizar especialmente el transporte público.

"Nuestra intención es aumentar la presión en beneficio de la causa de un pueblo cansado de los vicios de sus malos polí­ticos", dijo a The Associated Press el lí­der de los "indignados", Ariel Varela. "Algunos no han tomado en serio nuestra lucha de instalar en Tegucigalpa un grupo de la comunidad internacional que ponga fin a los flagelos de la corrupción y la impunidad en Honduras, pero llegó la hora de hacerlo", dijo.

El primer paro, especialmente del transporte colectivo, ocurrirá en la semana que recién inicia. "Un dí­a de esta semana se inicia el paro, pero la fecha no se dará a conocer hasta que ocurra a fin de no alertar al gobierno", añadió.

Varela dijo que los indignados ofrecerán el martes más detalles al respecto, aunque recalcó que "la lucha es pací­fica pero firme, y requiere sacrificios".

Al concluir el plazo fatal el 10 de septiembre, los indignados anunciaron que adoptarán "otras estrategias y presiones contra el gobierno", que no especificaron.

Desde mayo, una multitud de jóvenes de la Oposición Indignada exige en las calles la dimisión del presidente Hernández y que un tribunal internacional de Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos enjuicie a todos los involucrados en la corrupción en el paí­s, donde el 62% de los 8,6 millones de habitantes vive en la pobreza.

La OEA auspicia desde el 14 de agosto un diálogo nacional a petición de Hernández en un intento por calmar a los indignados. El chileno John Biehl es el facilitador designado por ese organismo regional.

El presidente se habí­a resistido a hablar con la oposición, y especialmente con los indignados, movimiento de protesta multitudinario nacido en mayo en las calles de Tegucigalpa y con un gran poder de convocatoria por las redes sociales. Biehl fue a quienes llamó primero para dialogar.
Los jóvenes llevan a cabo movilizaciones de protesta casi a diario en las ciudades hondureñas, coreando lemas contra el mandatario y exigiéndole aclarar lo ocurrido en el Instituto de Seguridad Social, saqueado por más 300 millones de dólares, uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al paí­s.

El caso involucra a empresarios, polí­ticos e incluso al propio presidente, quien reconoció que su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco, pero sin saberlo.

Según los indignados, al menos 3.000 personas murieron en dos años por el robo en la seguridad social debido a la falta de atención médica y medicinas.

Presionan a Hernández a que siga los pasos de Guatemala, que desde 2006 instaló una comisión internacional contra la impunidad de Naciones Unidas, que provocó la renuncia y arresto de la vicepresidenta Roxana Baldetti por un sonado fraude en las aduanas y mantiene en precario la situación del presidente Otto Pérez Molina.

Entre los problemas más graves de Honduras figuran la corrupción y la debilidad institucional, lo que lleva a una "impunidad generalizada", de acuerdo con un informe reciente sobre derechos humanos en Centroamérica divulgado por el Departamento de Estado norteamericano.
Honduras es una de las naciones del mundo con mayores í­ndices de impunidad y violencia, ya que 91% de los delitos cometidos en el paí­s no son enjuiciados jamás, según el Ministerio Público.

La tasa de homicidios del paí­s es de 66 por cada 100.000 habitantes, cuando la mundial es de 6,2.
 

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