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28 muertos en Venezuela por ola de protestas

La Fiscalía General promulgó las cifras antes de reunirse con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, mientras las marchas contra el Gobierno continúan

Un opositor al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela salta por una ventana tras incendiar una oficina pública en Caracas. Foto Reuters

Un opositor al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela salta por una ventana tras incendiar una oficina pública en Caracas. Foto Reuters

Un opositor al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela salta por una ventana tras incendiar una oficina pública en Caracas. Foto Reuters

La mayor ola de protestas en una década en Venezuela ya ha cobrado 28 vidas, según la fiscalía, mientras que en un intento por retomar el orden la máxima corte del país ordenó a alcaldes opositores de Caracas la remoción de las barricadas puestas por manifestantes para expresar su descontento con el Gobierno.

La Fiscal General, Luisa Ortega, precisó la cifra camino a una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, un día después de que enfrentamientos en la ciudad de Valencia, en el centro del país petrolero sudamericano, dejaron tres muertos por balas.

En Caracas y el centro del país se reportaba orden en las calles el jueves, pero las barricadas se mantenían en el occidental estado Tachara, donde hace más de cinco semanas empezaron los enfrentamientos entre policías y manifestantes, que luego contagiaron al resto de la nación.

Aunque las protestas por la galopante inflación, la escasez de productos básicos y la preocupante delincuencia llevan más de un mes en Venezuela, no había indicios de que pudieran hacer tambalear al presidente Nicolás Maduro, el heredero del fallecido Hugo Chávez que asumió hace 11 meses.

Ortega agregó que los hechos deben ser investigados a fondos para determinar las responsabilidades y que 104 personas detenidas durante los disturbios se mantienen encarceladas y otras 1.293 han sido procesadas y liberadas.

"Se han recibido 27 quejas contra oficiales en diferentes agencias de seguridad del Estado que están bajo sospecha de perpetuar violaciones contra los derechos".

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