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Según Fiscalía

Mil 500 empresarios pueden estar implicados en caso de fraude aduanero en Guatemala

La estructura pudo haber defraudado unos 3,7 millones de dólares y de los sobornos el 50 % fue para expresidente Otto Pére

Otto Pérez Molina

La fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, reveló hoy que hasta 1.500 empresarios pueden estar implicados en la trama de corrupción estatal autodenominada "La Línea", caso por el que están en prisión preventiva el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.

En una conferencia de prensa, la jefa del Ministerio Público (MP) explicó que en principio acordaron con el juez Miguel Ángel Gálvez citar a 50 de los empresarios a una audiencia en el Juzgado B de Mayor Riesgo.

Sin embargo, debido a la agenda de trabajo el juzgado solo admitió que sean 20, agregó Aldana, sin especificar la fecha en la que serán citados los supuestamente involucrados en la defraudación aduanera.

Anunció que en una segunda fase se tiene contemplado que se citen a otros 300 porque los implicados en la red pueden ser hasta 1.500.


Consultada sobre una eventual fuga de los empresarios, la fiscal general aseguró que está descartado porque "ellos no saben a quiénes se va a citar".

Comentó que el MP no ha pedido la captura de estas personas porque no se puede saturar la agenda del juez, sin embargo, advirtió que si no se presentan a la citación "se pedirá la orden de captura".

Aldana hizo la revelación luego de presentarle a la candidata presidencial Sandra Torres las necesidades de recursos y los objetivos de ampliación que tiene el MP para llevar la justicia a todo el país centroamericano, donde hoy solo cubre el 10 % del territorio.

La red criminal fue desmantelada el 16 de abril pasado por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) de Guatemala y hasta ahora están en prisión preventiva casi 30 personas.

Entre ellas figuran Pérez Molina y Baldetti, quienes salieron del cargo el 3 de septiembre y 8 de mayo pasados, respectivamente.

Los dos están acusados de liderar la organización y se les imputan los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo.

Según las investigaciones preliminares, la estructura pudo haber defraudado unos 28,55 millones de quetzales (unos 3,7 millones de dólares) y de los sobornos el 50 % fue para Pérez Molina y Baldetti. 

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