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México no bloqueará internet ni telecomunicaciones

Las cláusulas del proyecto que pretendían bloquear internet desataron una marcha de cientos de personas

Manifestantes que portaban carteles que afirmaban "No a la censura" y "Libertad de expresión" caminaron por la avenida Paseo de la Reforma

Manifestantes que portaban carteles que afirmaban "No a la censura" y "Libertad de expresión" caminaron por la avenida Paseo de la Reforma

Manifestantes que portaban carteles que afirmaban \"No a la censura\" y \"Libertad de expresión\" caminaron por la avenida Paseo de la Reforma

El oficialista Partido Revolucionario Institucional de México pareció retractarse el miércoles de una propuesta que autoriza al gobierno bloquear internet y telecomunicaciones, un día después de protestas contra la censura que finalizaron en enfrentamientos en la Ciudad de México.

El senador Emilio Gamboa Patrón, líder en la cámara alta del gobernante PRI, indicó que la legislación de comunicaciones propuesta sería modificada para evitar un debate que provoque distracciones sobre asuntos que dijo nunca fueron centrales a la propuesta.

Un borrador del proyecto que su partido respalda en el Senado tiene cláusulas que permiten "bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional" a solicitud de las autoridades.

Gamboa prometió que esas cláusulas se eliminarán. En la actualidad, las autoridades bloquean las señales de los teléfonos celulares en algunas áreas delicadas, como las prisiones, pero el proyecto de ley propuesto parecía ampliar significativamente ese poder.

En una conferencia de prensa, el senador dijo que el bloqueo de señales para la seguridad pública o nacional se excluirá de la reforma e indicó que el lenguaje más bien amplio del proyecto que requiere que los proveedores de telecomunicaciones proporcionen datos sobre los usuarios se limitará a medidas que ya están en vigor con el fin de permitir a las autoridades localizar a un usuario y obtener registros telefónicos para investigaciones penales en casos como secuestros.

Las cláusulas del proyecto que pretendían bloquear internet desataron una marcha de cientos de personas el martes en el centro de la Ciudad de México.

Manifestantes que portaban carteles que afirmaban "No a la censura" y "Libertad de expresión" caminaron por la avenida Paseo de la Reforma hacia el edificio del Senado en una protesta organizada a través de las redes sociales. Aunque la mayor parte de la marcha fue pacífica, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, donde se encuentra la Ciudad de México, dijo que la policía empujó a algunos manifestantes y forcejeó con ellos cerca de las oficinas de la cadena Televisa y maltrató a los propios inspectores de esa comisión gubernamental.

Raúl Trejo, experto en medios de comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el intento del gobierno por bloquear internet y las señales de telecomunicaciones "es parte de una tendencia internacional".

"Muchos gobiernos están interesados en impedir que lleguen las señales", afirmó. "Todos los gobiernos están incómodos con el internet".

La propuesta a consideración del Senado es una ley que implementa las reformas constitucionales aprobadas el año pasado, encaminadas a reducir el poder de algunas compañías que controlan los servicios mexicanos de telefonía, internet y televisión. Los cambios tienen por fin aumentar la competencia y el acceso en las telecomunicaciones e incluyen la creación de una agencia gubernamental poderosa e independiente para vigilar que las normas se cumplan.

Las empresas de medios de comunicación y telecomunicaciones de México han estado luchando para modificar las reformas en interés propio y han publicado anuncios a plana completa en los periódicos en los que cabildean contra las presuntas ventajas que la ley les daría a sus competidores.

Ese esfuerzo podría haber tenido un efecto. A Trejo le preocupa que la legislación debilite algunas de las cláusulas contenidas en la reforma del año pasado, como por ejemplo al transferir algunos poderes de la agencia supervisora a la Secretaría de Gobernación, considerada desde hace mucho tiempo la dependencia de operaciones políticas del presidente.

"Si (la legislación) se aprueba como está ahorita, va a ser contradictoria con la Constitución. Entonces vamos a tener una ley que no va a servir, o que va a servir a medias, que va ser impugnable, y muy posiblemente en uno o dos años la Suprema Corte va a decidir que es inconstitucional. Será una pérdida de tiempo y un nuevo retroceso", afirmó Trejo.

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