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México avala reforma de transparencia estatal

Además de las instituciones de gobierno, los partidos políticos, los sindicatos y particulares deben rendir cuentas si reciben y manejan fondos públicos, indica la normativa promulgada

Peña Nieto camina junto al rey Abdullah II de Jordania, durante una visita oficial que realizó el monarca a México. Foto edh/Reuters

Peña Nieto camina junto al rey Abdullah II de Jordania, durante una visita oficial que realizó el monarca a México. Foto edh/Reuters

Peña Nieto camina junto al rey Abdullah II de Jordania, durante una visita oficial que realizó el monarca a México. Foto edh/Reuters

MÉXICO. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó ayer una reforma que busca fortalecer el sistema de transparencia en México, al ampliar los organismos que estarán bajo el escrutinio público y dar mayores facultades al órgano encargado de garantizar que las autoridades informen sobre su actuación.

La reforma constitucional ha generado elogios, aunque también ha recibido algunas críticas al incorporar un candado que favorecería al Ejecutivo de un país que históricamente ha visto claroscuros en los gobiernos en términos de transparencia, al darle la posibilidad de impugnar requerimientos de información cuando considere que se pone en riesgo la seguridad nacional.

Para que la reforma entre completamente en operación aún es necesario que se reformen algunas leyes secundarias para poner detalles de cómo funcionará. Expertos han dicho que en esas normas deberá cuidarse que el candado no genere retrocesos en transparencia.

Hasta ahora solo oficinas gubernamentales estaban obligadas a dar información a quien lo solicitara, pero con la reforma se amplía a cualquier grupo u organización que reciba fondos públicos, como partidos políticos, sindicatos y particulares.

También establece que son definitivos e inatacables los fallos del organismo encargado de garantizar que las autoridades cumplan con su obligación de informar, salvo en los casos en que el Ejecutivo considere posibles daños a la seguridad nacional.

Peña Nieto elogió los cambios legales y aseguró que permitirá cerrar "espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública".

El mandatario se dijo convencido que "la mejor garantía para que los gobiernos den resultados es actuar bajo la observancia de la ciudadanía".

Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (el organismo que supervisa se cumpla la entrega de datos), aseguró que la rendición de cuentas beneficia tanto a la sociedad como a las autoridades, porque éstas pueden fortalecer su legitimidad.

"Cualquiera de nosotros puede actuar sin restricción... el abuso es casi natural", dijo.

La obligación de las autoridades a rendir cuentas se remonta a 2003, cuando entró en vigor una ley que por primera vez permitió a los mexicanos solicitar cualquier tipo de información en poder del gobierno federal y dejó atrás la total discrecionalidad que históricamente tenían las autoridades para dar o negar información pública.

Gestión más eficaz

La reforma constitucional permitirá reforzar la lucha contra la corrupción, un flagelo que se calcula genera unos costos para el país equivalentes al gasto destinado a la educación.

La normativa, que fortalece los mecanismos institucionales para que la acción pública sea más transparente y eficaz, ha tenido un largo proceso legislativo, porque ha tardado más de un año en que se completara el trámite en el Parlamento.

Peña Nieto, al firmar el documento que promulga la reforma, reconoció que el debate había sido "intenso y complejo", pero destacó que permite fijar un "andamiaje legal e institucional de avanzada".

La enmienda crea un organismo de transparencia, de acceso a la información pública y de rendición de cuentas.

"Con información y cuentas claras, la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y representantes", afirmó Peña Nieto, quien dijo que esta reforma permitirá una "mayor honestidad, responsabilidad y eficacia" de los funcionarios.

La reforma promulgada ayer está considerada como un punto de partida para poder atacar uno de los principales problemas de la gestión pública en México, la corrupción, enquistada en la cultura del país y en todos los niveles de la administración.

Según datos de Transparencia Internacional, México ocupa el puesto 106 en un ranking de 177 naciones en el Índice de Percepción de Corrupción dado a conocer en diciembre pasado.

En esa tabla, México está situado entre Gabón y Níger, "debajo de naciones que tienen un grado muy inferior de desarrollo de sus instituciones", recordó en el mismo acto el presidente de Transparencia Mexicana, Federico Reyes Heroles.

"Algo estamos haciendo mal los mexicanos, pues a pesar de todos los avances institucionales, el hecho concreto es que la percepción de nuestro país está en este rubro destrozada", agregó.

Reyes Heroles, que precedió a Peña Nieto en el uso de la palabra, dijo que el costo que representa para México la corrupción oscila entre el 2 y el 8 % del producto interno bruto (PIB), dependiendo del tipo de estudio.

Ese coste incluye "dineros públicos para obras que van a bolsillos privados" y hasta las "inversiones ahuyentadas por el factor corrupción que impactan en la generación de empleo y bienestar", agregó Reyes Heroles.

No obstante, el presidente de Transparencia México dijo que la reforma promulgada "es un gran avance" y el "resultado es muy bueno", a pesar del "proceso complicado" que llevó en el Parlamento, en donde, "como todo cambio de fondo, hubo resistencias". —AGENCIAS

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