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Meta es reducir oposición, dice el expresidente de Bolivia

Se busca evitar que oposición tenga mayoría de dos tercios.

OPOSICI?N VENEZOLANA DENUNCIA "GOLPE JUDICIAL" PARA IMPUGNARLE 22 DIPUTADOS

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que buscará cómo revertir la maniobra chavista. | Foto por EFE

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) asegura que buscará cómo revertir la maniobra chavista.

El expresidente de Bolivia, Jorge Quiroga, uno de los 36 exmandatarios que han denunciado intentos de “desconocer” los resultados de los comicios legislativos en Venezuela, afirmó ayer que “hay una enorme preocupación” por la intención del chavismo de apurar la designación de magistrados del Tribunal Supremo. 

El exgobernante boliviano (2001-2002) señaló que el objetivo de las designaciones “en las postrimerías del mandato legislativo” es colocar a jueces que impugnen a varios parlamentarios opositores que asumirán el cargo el próximo 5 de enero y, en definitiva, reducir la mayoría de la oposición. 

Quiroga es uno de los expresidentes firmantes de un documento difundido el martes para denunciar las “graves alteraciones constitucionales” que, a su juicio, están ocurriendo en Venezuela para “desconocer” los resultados de los recientes comicios legislativos, en los que la oposición obtuvo una mayoría parlamentaria calificada de 112 diputados frente a 55 del chavismo. 

Los exmandatarios, agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), hicieron un llamado a la comunidad internacional ante unos hechos que a su juicio suponen “un grave atentado a la democracia venezolana y a la Carta Democrática Interamericana”. 

“De ello alertamos al secretario general de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, Luis Almagro, dice el comunicado. 

Por otra parte, los exmagistrados venezolanos Cecilia Sosa Gómez y Román José Duque Corredor denunciaron a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, por rebelión civil ante la Fiscalía General de la República.

Los dos juristas señalan a Maduro y Cabello por “impedir que se cumpla con la institucionalidad e integridad de los poderes públicos”, en concreto la instalación de la Asamblea el 5 de enero.

Afirman que amenazan con impedir su instalación, arrebatándole sus competencias constitucionales y sustituyéndola inconstitucional y subversivamente por un parlamento comunal autónomo.

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