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Liderazgo político y unidad de sectores proponen contra la ola de violencia en la región

Expertos ven clave la participación de la sociedad civil para desarrollar políticas de seguridad pública en el norte de Centroamérica, considerada una de las zonas más peligrosas del mundo.

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Adriana Beltrán, José Miguel Cruz y Louis Alexandre Berg durante el foro en Washington. foto edh / tOMÁS gUEVARAPie de foto texto espacio para texto pi te exto o tex xto pie foto. foto edh / xxxxx xxxxxxxPie de foto texto espacio para texto pi te exto o tex xto pie foto.

El surgimiento de un liderazgo político que sea capaz de conducir a las instituciones bajo una estrategia coherente e integrada de seguridad y que involucre activamente a la población se propuso en Washington como una medida eficaz contra la inseguridad prevaleciente en el Triángulo Norte de Centroamérica y específicamente de El Salvador.

La inseguridad pública en la región fue el tema de discusión para tres expertos en la materia invitados por el Centro de Análisis de la Oficina de Washington en América Latina, WOLA (por sus siglas en inglés).

En la discusión sobre "La violencia en Centroamérica y las respuestas basadas en la comunidad" participaron los académicos José Miguel Cruz, director de Investigaciones del Centro Latinoamericano y del Caribe (LACC) y profesor asistente del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida, en EE.UU.

También estuvieron en la mesa, Louis-Alexandre Berg, especialista en Justicia y Conflictos para inclusión en instituciones de gobiernos como parte del Banco Mundial, además de la analista principal en Seguridad Ciudadana de WOLA, Adriana Beltrán.

Los expertos coincidieron en este foro en Washington que la agudización de la violencia que sufren las poblaciones urbanas y rurales de El Salvador, Honduras y Guatemala, donde se concentran algunas de las tasas más altas de homicidios del mundo, tiene todo un entramado que va desde el papel que han jugado las autoridades de los países con políticas erradas para hacer frente a la criminalidad, los sistemas de justicia deficientes y la misma reacción de las comunidades de base para responder a la problemática.

Pandillas como la MS-13 y la Mara 18 siguen siendo autoras de gran porcentaje de homicidios, según las estadísticas que recogen las autoridades de los países, pero aún queda una buena parte de los crímenes cuya autoría no se determina y es donde convergen un variado abanico de actores del crimen, explica el académico salvadoreño José Miguel Cruz.

Este especialista explicó a la concurrencia, formada por analistas, investigadores y tomadores de decisiones en asuntos de seguridad para Centroamérica, que hasta 2008 en El Salvador el porcentaje de crímenes cometidos por pandilleros rondada el 40 por ciento, pero que la situación se ha ido deteriorando cada vez más, hasta llegar a un caos en algunas zonas del país.

Este investigador recomienda a las autoridades salvadoreñas y de los países vecinos acosados por la criminalidad, reorientar el debate y las discusiones sobre el fenómeno de pandillas, para ajustar las estrategias que se tomen para afrontar el problema, a una lectura actualizada de este y así garantizar el éxito en el combate de la criminalidad.

A juicio de José Miguel Cruz, es erróneo centrar los debates para comprender la violencia que aqueja a los países del Triángulo Norte como un elemento conexo con las migraciones, la desintegración familiar o con el narcotráfico.

La problemática, a su juicio, está enredada en el tejido social y de ahí que las estrategias deben estar orientadas para interconectar a los diferentes sectores de la sociedad para hacer una barrera de defensa y evitar un colapso total.

Papel de la comunidad

Para el especialista del Banco Mundial, Louis-Alexandre Berg, en materia de Justicia y Conflictos, e inclusión en instituciones de gobiernos, un estudio reciente desarrollado por esta unidad, con muestreos tomados en los países centroamericanos, ha destacado una variedad de elementos para plantear un diagnóstico de la situación y las formas novedosas de hacer prevención del crimen, con la participación de las comunidades de base.

El investigador mostró algunos datos del informe desarrollado para el organismo multilateral, donde se comparan las formas de hacer prevención del crimen, por un lado con la coerción del delito por la fuerza del orden público, como las policías y por otro, donde se enrolen las comunidades como responsables de su propia seguridad.

En la primera, el Estado toma un rol protagónico para monitorear y controlar áreas donde considera mayor actividad criminal, identificando a los actores de la violencia y encausándolos en tribunales especiales.

En la segunda forma, "Prevención desde la comunidad", se busca un rol más activo de las asociaciones comunitarias, y ONG, para activar una red de protección sobre la población.

En esta red convergen policías, escuelas y asociaciones comunitarias a modo de fomentar una plataforma de comunicación que les permita identificar y contrarrestar las amenazas del crimen.

Berg explicó que este modelo es vital establecer tribunales de resolución de conflictos dentro de las mismas comunidades para mejorar los entornos de convivencia social, es clave –a partir del resultado de ensayos realizados en varios países- el papel de las mujeres para apoyar la prevención del crimen.

A juicio de los analistas, pasará un largo tiempo para lograr estabilizar su situación y salir de este círculo de inseguridad que ha destruido buena parte del tejido social.

Antes que nada, sostiene Cruz, debe haber un verdadero liderazgo de la clase política para encaminar cualquier iniciativa tendiente a resolver esta problemática y en genuina coordinación con los otros actores sociales del país, para transparentar de cara a la población las acciones que se tomen y evitar seguir en el mismo círculo.Durante la discusión, los académicos coincidieron en que el ambiente de violencia que aqueja al Triángulo Norte está muy relacionado con el entorno de corrupción y falta de transparencia que rebalsa desde las dirigencias de los países hacia el conglomerado social; también la impunidad y las falencias en los sistemas de justicia abonan a la problemática.

La analista principal en Seguridad Ciudadana en esta oficina que recoge insumos sobre el Hemisferio Occidental desde Washington, Adriana Beltrán, apuntó que la corrupción oficial empaña muchas de las iniciativas que se han ensayado en la región.

También considera que megaproyectos como la Iniciativa de Seguridad Regional para Centroamérica ( CARSI, por sus siglas en inglés), en la que está inscrito el compromiso del gobierno de Estados Unidos, es positiva siempre y cuando tenga un impacto real para atajar el crimen.

Para esta iniciativa, el gobierno de EE. UU. ha desembolsado más de $574 millones desde el año 2008, para el año fiscal 2015, se prevé apoyar a la región con unos $162 millones de dólares, un incremento de $26 millones más en comparación con el año anterior.

"Entre 2008 y 2014 el Congreso ha aprobado un estimado de $803.6 millones de dólares para CARSI con enfoque en prevención de la violencia y desarrollo económico… Me gustaría decir que esos fondos son apropiados para encaminar este plan", explicó la analista.

Para José Miguel Cruz, la concesión de fondos de la cooperación internacional para combatir la inseguridad en la región debe estar más supeditada a resultados y exigencias que hagan que los fondos den resultados medibles en el largo plazo. (Ver entrevista aparte).El investigador José Miguel Cruz, profesor de la Universidad Internacional de Florida, considera que en El Salvador la implementación de fallidas políticas de seguridad ciudadana han llevado a los salvadoreños a una encrucijada de violencia y terror con unas pandillas robustecidas mientras los actores políticos siguen dando tumbos para encontrar una solución acertada a la problemática.

Honduras y Guatemala atraviesan por la misma situación y por algo se sitúan estos tres países como el famoso Triángulo Norte de Centroamérica, donde el hampa y el crimen hacen de las suyas y aterrorizan a amplios sectores de la población.

En una visita a Washington como parte de un congreso sobre Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales este académico otrora investigador del Centro de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas", conversa con El Diario de Hoy sobre la inseguridad ciudadana y el papel de la sociedad civil en la encrucijada de violencia, luego de discernir en un panel forum con otros expertos en un centro de análisis en a capital estadounidense.

¿Cuál es la situación actual de la violencia en El Salvador y los países vecinos y cómo se ve esta problemática desde la perspectiva abordada en este foro?

Hemos estado discutiendo que el problema de la violencia no es un problema que aparece recientemente, es algo que viene de hace mucho tiempo y que ha sido exacerbado fundamentalmente por las malas políticas de seguridad, que han existido en El Salvador en los últimos 20 años, y creo que más importante que discutir sobre que el problema son las deportaciones o la migración o que es el narcotráfico, que son problemas sin duda, es más importante discutir la transparencia y la capacidad de las instituciones para resolver estos problemas

¿Considera entonces fallidas las políticas de Estado para abordar el problema?

Efectivamente, el problema es que las respuestas del Estado y de los gobiernos han estado por lo general ausentes de cualquier rendición de cuentas con la población; y lo que quiero decir es que cualquier estrategia que implica resolver el problema de la seguridad, implica trabajar con la población y las comunidades y no ver simplemente a las comunidades como un objetivo en el cual la policía va entrar, va sacar a los pandilleros a la fuerza y eso va resolver el problema... no es así, no es tan sencillo, cualquier respuesta va tomar mucho tiempo.

Usted expuso en el foro que a medida se han desarrollado políticas para combatir la criminalidad, la violencia ha tendido a incrementarse. ¿Cómo se explica esto y si considera que las estructuras criminales se han robustecido?

Sin duda el fenómeno de la violencia ha crecido, pero ha crecido en buena parte como producto de esas malas políticas, lo que vemos en Centroamérica y en El Salvador en particular, una política mala ha sido peor que no hacer nada. Se ha pensado que no hacer nada es lo peor que puede pasar, pero en nuestro país lo que ha sucedido es que las políticas han resultado ser mucho peores que el problema y lo han agravado. Las pandillas que tenemos hoy son en buena medida el resultado de la Mano Dura y la mala implementación de estrategias como la tregua.

¿Un precio demasiado alto por la confianza depositada en las dirigencias del país?

Así es; esto es el resultado de malas políticas que simplemente se toman por razones de intereses políticos en la cúpula, en la presidencia de la república y que no toman en cuenta las dinámicas de seguridad, que no están atinadas con los intereses y necesidades de la población a la hora de proveer seguridad.

Después de esas malas políticas que señala, ¿Qué pasa si hay ausencia de políticas de seguridad pública?

Ese es el gran problema, que hemos llegado a pensar que no podemos estar peor que como estamos, pero siempre y debido a las malas decisiones estamos todavía peor cada vez, dado que seguimos haciendo las cosas como no se deben terminamos en un límite más bajo y este límite de tope es simplemente el caos, el cual en algunas comunidades en El Salvador ya lo han alcanzado; en algunos sitios de nuestro país y de Guatemala y Honduras básicamente hay una situación caótica, no todo, pero es importante ver esto para tomar conciencia que hay que desarrollar políticas adecuadas, las que tomarán tiempo en surtir efecto. No hay una solución mágica para esto.

¿Qué elementos a su criterio se tienen que tomar en cuenta para articular un plan de eficaz?

Yo creo indispensable un liderazgo político, que sea capaz de conducir a las instituciones bajo una estrategia coherente e integrada de seguridad, que involucre a la población como agentes fundamental de cambio; el problema es que muchas veces ese liderazgo ha existido en desconexión con la gente y ha estado en una actitud donde no se deben dar explicaciones, ese fue el caso de Mauricio Funes con la tregua, el caso de Francisco Flores y de Antonio Saca que no hubo una política integral de seguridad y las acciones que se tomaban eran para responder a intereses políticos.

¿Cómo se ve la sociedad civil y esas comunidades de las que hablamos en esta crisis de inseguridad?

Lo que vemos es un repliegue de la gente, El Salvador de hoy es muy distinto al país de hace 10 años, es un país donde la gente vive en islas, en colonias que se han convertido en pequeñas islas fortalezas para asegurar su supervivencia, para tener seguridad. Eso no debería existir, El Salvador ahora que supuestamente es un país democrático debería tener espacios y ofrecer oportunidades a sus ciudadanos, no lo hacemos, nuestro país está convertido en una serie de átomos que funcionan como fortalezas donde la gente no interactúa y donde la población no sale de su área simplemente por miedo.

¿Qué rol ve usted en los gobiernos locales para desentrampar este agudo problema?

Los alcaldes tienen un papel importante, pero deben estar integrados a una nueva visión, o por lo menos deben ser parte de una coordinación alrededor de un programa de seguridad, creo que no es posible tener seguridad en el país sin tomar en cuenta las alcaldías; pero también las municipalidades deben recibir mucho apoyo de parte del gobierno central y de otros actores como la empresa privada, que tiene un papel fundamental que jugar aquí, y no lo ha jugado hasta ahora, en parte porque la empresa privada no está dispuesta a pagar lo que implica esto. Una de las grandes claves del éxito en Colombia en reducir la violencia fue el involucramiento de la empresa privada, y se involucró con lo que podía que era ofrecer los recursos para cambiar la situación; en El Salvador, la empresa privada ha preferido invertir en empresas de seguridad que invertir en las instituciones de seguridad pública.

¿Aunque hay estudios que demuestran que hasta empresas destinan fondos para pagar las extorsiones en zonas de control de las pandillas?

Exacto, tienen que pagar la extorsión, y creo que a largo plazo lo que tenemos que hacer es convencer a esos empresarios de que es más barato y más eficiente, sano para el país que paguen más dentro del marco legal que lo hagan dentro del marco de la ilegalidad, apoyando planes de prevención con las alcaldías y las comunidades.

En esas articulaciones que usted dibuja ¿Cómo se ve el Ministerio de Educación porque sería clave en la búsqueda de soluciones?

Primero es fundamental construir confianza en la policía y en el sistema educativo, es imperativo que las escuelas hagan lo posible por mantener a sus alumnos en el sistema educativo; creo que esa visión que se solía tener que cualquier niño problema había que expulsarlo o se le negaba educación, eso debe ser replanteado, no podemos pensar que el sistema debe aislarse de aquellos que puedan ser un poco problemáticos, el sistema educativo debe adaptarse a las condiciones del país por lo tanto debe estar listo para tratar de mantener a sus estudiantes lo más posible.

¿Usted cree que es factible una reforma policial para adaptarla a las necesidades de seguridad del país?

Más que factible la veo extremadamente necesaria, no podemos avanzar en el tema de seguridad, sino reformamos de manera completa y profunda nuestras instituciones policiales y el sistema de justicia, que de este último casi nunca se habla, es importante profundizar en la reforma y no podemos lograr nada si seguimos teniendo este tipo de instituciones.

¿Qué piensa de tesis como que la Policía Nacional Civil está corrompida y tomada por el crimen organizado y que no hay nada que hacer ahí?

A ver, si creo que elementos de la policía han sido corrompidos y hay problemas desde el inicio, pero todavía existe la gran oportunidad de salvarla, porque al menos si la comparamos con las policías de Guatemala y Honduras, nuestra Policía Nacional Civil tiene un chance, pero para eso se necesita voluntad política, pero si no hay voluntad política y no la he visto totalmente clara hasta ahora debo decirlo, porque al no existir esta voluntad , ahí si no podemos hacer mucho con la policía en El Salvador.

Ya acercándonos a los primeros 100 días de gestión del segundo gobierno del FMLN y del presidente Salvador Sánchez Cerén. ¿Qué se puede decir de lo que se ha visto o no se ha visto en cuanto a la seguridad ciudadana?

Yo no he visto claridad, todavía veo mucha indecisión, creo que es importante que el nuevo gobierno sea más claro en cuanto a su estrategia y su plan de seguridad; creo que este nuevo gobierno no se puede dar el lujo de seguir con esta falta de claridad. Están hablando de policía comunitaria, que es importante, pero no lo veo integrado a un plan nacional de seguridad en el cual el gobierno tome liderazgo con el tema, creo que eso todavía no está muy claro.

¿La cooperación internacional debe replantearse para exigir mayores resultados a países como El Salvador en esta materia?

Espero que la cooperación internacional siga presionando en la dirección correcta que es la formación de un plan integral de seguridad, más que en respuestas pequeñas y temporales.

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