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La Justicia de Guatemala acorrala por corrupción a los tres poderes estatales

El Organismo Ejecutivo es, probablemente, el mas afectado por la docena de escándalos de corrupción destapados desde abril hasta ahora por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

Una mujer porta una antorcha durante una marcha para protestar contra la corrupción.

Una mujer porta una antorcha durante una marcha para protestar contra la corrupción.

Una mujer porta una antorcha durante una marcha para protestar contra la corrupción.

Guatemala ha emprendido en los últimos tres meses una inesperada guerra contra la corrupción que amenaza con llevarse por delante a los tres poderes del Estado, incluido el presidente del país, Otto Pérez Molina.

El recuento de los daños, desde el pasado 16 de abril, incluye la dimisión de la entonces vicepresidenta del país, Roxana Baldetti; la implicación de al menos 10 altos funcionarios en varios escándalos de corrupción; otros cinco en proceso de perder la inmunidad y una crisis institucional sembrada que sienta un precedente histórico.

"Creo que nadie se esperaba este escenario, en donde estamos viendo que por primera vez en la historia del país hay un esfuerzo de alguna institución del Estado por combatir la corrupción", advierte Óscar Vásquez Bocanegra, analista político y director de Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional.

El Organismo Ejecutivo es, probablemente, el mas afectado por la docena de escándalos de corrupción destapados desde abril hasta ahora por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entidades a las que hace referencia Vásquez Bocanegra.

Baldetti dimitió el 8 de mayo, vinculada a un caso de contrabando y defraudación aduanera, y ahora Pérez Molina se encuentra inmerso en una investigación en el Congreso que podría culminar con el retiro de su inmunidad, a la espera de una votación de los 158 diputados del ente Legislativo.

El presidente, acusado por el mismo escándalo que derribó Baldetti y otro caso más de corrupción en el Seguro Social, ha perdido a casi todos sus hombres de confianza, algunos de ellos, incluso, en prisión preventiva.

Su exsecretario privado y director del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), Juan de Dios Rodríguez, está en la cárcel, acompañado por el presidente del estatal Banco de Guatemala y directivo del mismo IGSS, Julio Suárez Guerra, junto otros tres servidores públicos de alto nivel involucrados en el escándalo.

También están tras las rejas por corrupción los últimos dos directores del ente recaudador de impuestos, Omar Franco y Carlos Muñoz, ambos nombrados por Pérez Molina, además del decano de la facultad de medicina de la universidad estatal, Jesús Oliva Leal.

A la lista de encarcelados se suman 14 funcionarios aduaneros, 12 trabajadores del Seguro Social y el exsubdirector de la Policía Nacional Civil Héctor Florentino Rodríguez Heredia, involucrado en un tercer millonario escándalo de corrupción, esta vez dentro de las fuerzas de seguridad.

El exsecretario de Baldetti y presunto líder de la estructura criminal en las aduanas, Juan Carlos Monzón Rojas, está prófugo de la Justicia y es buscado por autoridades locales e internacionales.

En el mismo período de tiempo, los ministros de Energía y Minas, Ambiente e Interior salieron del gabinete de Pérez Molina inmiscuidos en investigaciones por malversación de fondos públicos, aunque sin confirmarse a la fecha su responsabilidad.

"Ha sido un esfuerzo muy positivo del Ministerio Público y de la CICIG", argumenta Vásquez Bocanegra.

La lucha en contra de la corrupción, dirigida por la fiscal general, Thelma Aldana, y el comisionado de la CICIG, el abogado colombiano Iván Velásquez, tampoco le ha dado tregua al Congreso de la República.

El empresario y expresidente del Parlamento, Pedro Muadi, fue sindicado en junio de crear una estructura de plazas fantasmas en el Congreso durante su mandato al frente de la entidad, en 2013, con la complicidad de dos personas de su confianza.

El diputado, sindicado de adueñarse de 80,000 dólares, se encuentra en un proceso de antejuicio, idéntico al que enfrentan los legisladores Baudilio Hichos, implicado en otro fraude al Seguro Social, y Mario Estrada, acusado de violar reglas electorales previo a las elecciones generales que se celebrarán el próximo mes de septiembre.

Otros cuatro empleados del Congreso también están tras las rejas por la supuesta venta de plazas fantasmas en el Organismo Legislativo, después de que el MP y la CICIG allanaran el departamento de recursos humanos del Parlamento.

"Estamos, en este momento, en una cruzada de lucha contra la corrupción", advirtió Velásquez esta misma semana.

"Es la oportunidad para que el país enfrente con toda decisión la lucha contra la corrupción", añadió el comisionado.

El Organismo Judicial también sufrió una sacudida pública después de que se divulgaran pruebas comprometedoras que vinculan a Blanca Aída Stalling Dávila, jueza de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con dos de los fraudes destapados por el MP y el ente de la ONU.

Su hijo, Otto Fernando Molina Stalling, está involucrado en el caso del IGSS y el nombre de la magistrada salió a luz en una escucha telefónica relacionada con el contrabando aduanero.

En la llamada, interceptada por la CICIG, dos involucrados en el escándalo conversan y uno de ellos asegura que "Blanca Stalling es la que está detrás" en caso de que existan contratiempos con la ley.

Stalling Dávila también está en un proceso judicial que podría culminar con el retiro de su inmunidad, al igual que su cuñada, Marta Sierra de Stalling, jueza del Organismo Judicial y también señalada por la CICIG y el MP.

"Desde la sociedad civil, con el apoyo de ambas entidades, es un buen comienzo para llevar al país a la ruta del cambio para que existe una política de transparencia", zanjó esperanzado el director de Acción Ciudadana.

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