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La justicia española investigará a Volkswagen por la manipulación de motores

La Fiscalía estimó que unos 683.626 autos de la compañía están por todo el territorio español 

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La Audiencia Nacional española se declaró hoy competente para investigar el caso de la manipulación de algunos motores diésel por parte de Volkswagen, y pidió información a los ministerios españoles de Industria y Agricultura, y al grupo alemán.
 
En un auto dictado hoy, el juez Ismael Moreno solicitó a Volkswagen que designe a una persona que le represente, a quien notificará el 10 de noviembre el inicio de un procedimiento penal. 

Asimismo, reclamó al Ministerio de Industria toda la información que haya reunido hasta ahora, incluido el dictamen de la Agencia Medioambiental de Estados Unidos (EPA) y al de Agricultura los dictámenes periciales que haya podido realizar de los vehículos supuestamente manipulados con el objeto de determinar su grado de emisiones nocivas.
 
A Volkswagen el juez reclama todos los comunicados oficiales, la relación de los vehículos afectados en España, el organigrama de la filial española y el listado de las medidas adoptadas para subsanar lo ocurrido.

Lea también: Volkswagen pierde $1,853 millones por la manipulación 

También le pide la identificación de la empresa a la que se encargó la fabricación del software y un informe acerca de la instalación del programa informático.

Fuentes del Grupo Volkswagenconsultadas por Efe evitaron hacer comentario alguno sobre la citada imputación. 
El pasado 19 de octubre la fiscalía de la Audiencia había pedido al juez Moreno que investigara varias querellas presentadas por asociaciones por los presuntos delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.

 
La Fiscalía estimó entonces que los coches afectados - el grupo alemán los ha cifrado en 683.626 de las marcas Volkswagen, Audi, SEAT y Skoda - están repartidos por todo el territorio español, lo que justifica la actuación de la Audiencia Nacional. 


El Ministerio Público considera que las emisiones de esos motores pueden "haber causado daños sustanciales a la calidad del aire" y que, al haber sido objeto de subvención pública por planes del Gobierno "el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público". 

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