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HRW: varias leyes bolivianas vulneran derechos humanos

Human Rights Watch pide reformar leyes que coartan la libertad de expresión, el debido proceso y los derechos de los niños.

Human Right Watch ha pedido al gobernante de Bolivia, Evo Morales, que reforme alguna leyes. foto edh / internet

Human Right Watch ha pedido al gobernante de Bolivia, Evo Morales, que reforme alguna leyes. foto edh / internet

Human Right Watch ha pedido al gobernante de Bolivia, Evo Morales, que reforme alguna leyes. foto edh / internet

LA PAZ. Human Rights Watch solicitó al gobernante boliviano Evo Morales reformar varias leyes que según esa organización restringen la libertad de expresión y asociación, el debido proceso y los derechos de los niños.

El pedido fue planteado por el director para las Américas de la organización José Miguel Vivanco en una carta entregada ayer al gobierno boliviano.

Vivanco consideró que la incorporación de Bolivia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el año 2015 supone para el país asumir sus obligaciones jurídicas internacionales en esa materia.

"Evo Morales dijo que pertenecer a ese organismo generaba mayores responsabilidades en derechos humanos. Si eso es así, la modificación de estas leyes es consecuente con asumir en la práctica esas mayores responsabilidades", sostuvo Vivanco.

Human Rights Watch mencionó cinco normas aprobadas desde 2011 por el Legislativo, de mayoría oficialista, que contienen disposiciones "incompatibles" con convenios internacionales de derechos humanos que ratificó Bolivia y que "deberían reformarse inmediatamente".

Una de ellas reduce la edad mínima laboral a los 10 años cuando los convenios sugieren 14 años. Esa ley "otorga a Bolivia la triste distinción de ser el primer país del mundo en legalizar el empleo de niños" de esa edad, dijo la organización en la carta.

A su vez, la ley contra el racismo y discriminación contiene "disposiciones imprecisas que podrían socavar el derecho a la libertad de expresión" y permite, además, la discrecionalidad en la aplicación de sanciones a medios de comunicación.

"La norma no establece un equilibrio adecuado entre la preocupación legítima del gobierno de combatir el racismo y la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión", detalló la carta.

Otro decreto de Evo autoriza a funcionarios gubernamentales a "disolver organizaciones de la sociedad civil por causas que podrían propiciar decisiones arbitrarias que respondan a motivos políticos".

Asimismo, la ley contra la tortura crea mecanismos operativos bajo control del gobierno que restan la "independencia" exigida por el derecho internacional y una norma sobre juicios a funcionarios y magistrados restringe los derechos del debido proceso.

La organización también ha pedido a Evo reformar el código penal militar para asegurar que las violaciones a los derechos humanos sean juzgadas en tribunales civiles y no en el fuero militar. —AGENCIAS

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