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Fiscalía brasileña investiga sobornos en Juegos de Río 2016

Fiscal general acusa a Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, de favorecer el otorgamiento de contratos.

APLAZAN LA INSTALACI?N DE LA COMISI?N QUE DECIDIR¡ SOBRE EL JUICIO A ROUSSEFF

Eduardo Cunha es investigado por la Fiscalía de Brasil por supuestos favorecimientos para la entrega de contratos de construcción de sedes de los juegos olímpicos de 2016. | Foto por EDH

Eduardo Cunha es investigado por la Fiscalía de Brasil por supuestos favorecimientos para la entrega de contratos de construcción de sedes de los juegos olímpicos de 2016.

BRASILIA. El fiscal general de Brasil investiga las acusaciones de que un poderoso legislador habría recibido sobornos para ayudar a que se otorgaran contratos para la construcción de sedes y otras obras para los Juegos Olímpicos del próximo año que se celebrarán en Río de Janeiro.

En documentos obtenidos por The Associated Press, el fiscal general Rodrigo Janot acusa a Eduardo Cunha, Presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, de recibir 1,9 millones de reales (475.000 dólares) de la compañía de construcción OAS para redactar legislación favorable a la empresa.

Cunha ha dicho a medios locales que las acusaciones son “ridículas”. OAS rehusó comentar. 

La investigación es la primera sobre corrupción en los proyectos olímpicos, que han costado al país miles de millones de dólares.

OAS está involucrada en la construcción de las sedes de BMX, ciclomontañismo y canotaje en Deodoro, en el norte de Río, el segundo conjunto más grande de sedes olímpicas. 

Una inversión multimillonaria
La empresa también está encargada de la construcción de carriles expreso para autobuses, el proyecto de remodelación del puerto de Río a un costo de 8.000 millones de reales (2.000 millones de dólares), y obras para limpiar las contaminadas aguas en Barra da Tijuca, la zona donde se construye el principal parque olímpico.

Ante una solicitud de la AP, el COI refirió las preguntas sobre el caso a los organizadores locales, que a su vez no respondieron de inmediato.

Según el sistema legal brasileño, el fiscal es más que nada un investigador y depende de un tribunal “en este caso la Corte Suprema”, aceptarlo.

En el informe de 190 páginas, Janot dice que Cunha “manejó la Cámara de Diputados como un centro para intercambiar legislación por sobornos”. 

El informe señala que Cunha promovió legislación aprobada en 2012 que otorgó exenciones contributivas a todas las obras de construcción relacionadas con los Juegos, y que eximió de contribuciones a algunos bienes importados necesarios para los Juegos. 

La rama ejecutiva del gobierno brasileño calculó que las exenciones contributivas sumaron 3.800 millones de reales (1.000 millones de dólares).

Janot también sostuvo que Cunha utilizó “su puesto como legislador para redactar legislación favorable a los negocios que perjudicó el interés público”. 

Además, describió a Cunha y a un ejecutivo de OAS como participantes de “una organización criminal”.

“Al menos desde 2012, Eduardo Cunha ha actuado ilegalmente a nombre de las corporaciones, ‘vendiendo’ legislación para beneficio de ellos”, señala el informe. Y agrega que “eso demuestra que no puede seguir en su cargo”.

El presidente de la Cámara de Diputados ha sido involucrado con varios escándalos, al mismo tiempo que encabeza un proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff.

Esta investigación es la más reciente mala noticia para un país que atraviesa una recesión económica, cuya presidenta, Dilma Rousseff, encara un posible juicio político, donde hay una pesquisa por sobornos y corrupción en la empresa petrolera estatal Petrobras.

Legislación favorece proyectos
Mientras, los organizadores de los Juegos intentan rebanar 2.000 millones de reales (500 millones de dólares) del presupuesto operacional de 7.400 millones de reales (1.900 millones de dólares).

En los documentos obtenidos por la AP, Cunha es citado diciendo a un ejecutivo de OAS que el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, estaba “contento” con la legislación que él redactó porque “abarca todos los proyectos de construcción en Río”.

No obstante, Paes, quien espera que los Juegos sirvan como trampolín para una campaña presidencial en 2018, no es acusado de ningún delito en el informe del fiscal general brasileño.

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