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España investiga chavistas por blanqueo de dinero

Los funcionarios con altos cargos habrían blanqueado recursos a través del Banco de Madrid

Alcides Rondón, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y exvice. de Información.

Alcides Rondón, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y exvice. de Información.

Alcides Rondón, exviceministro de Interior y Seguridad Ciudadana y exvice. de Información.

MADRID. Varios exaltos cargos del régimen de Hugo Chávez y empresarios venezolanos están implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según un informe de la unidad española antiblanqueo (Sepblac) al que tuvo acceso el diario El Mundo.

El periódico publicó ayer que estas personas figuran en la relación de clientes del Banco Madrid, filial española de la Banca Privada de Andorra (BPA), intervenida el 10 de marzo por el Instituto Andorrano de Finanzas (INAF), el regulador financiero de Andorra. El Banco Madrid fue intervenido por el Banco de España horas después.

En el informe remitido por la Sepblac, la entidad informa de que Banco Madrid no tomó las medidas necesarias para evitar el blanqueo de dinero.

Entre los investigados están: el exviceministro de Energía Nervis Gerardo Villalobos, a quien la investigación española le atribuye sociedades en Madeira e Islas Vírgenes y está considerado próximo al actual embajador de Venezuela en la ONU y presidente del gigante petrolero estatal, Rafael Ramírez.

El exembajador de EE.UU. en Venezuela Otto Reich presentó una denuncia en 2013 en la que implicaba a –entre otros– Villalobos, por intermediar en sobornos para que el grupo estadounidense Derwick se adjudicara en 2009 proyectos energéticos en Venezuela.

Según la investigación, Villalobos ha recibido "pagos de consultoría" de la empresa española Duro Felguera, que se adjudicó en mayo de 2009 un contrato de $1,588 millones en Venezuela.

Duro Felguera logró convertirse en contratista principal para construir la central con la que abastecer de energía a Caracas.

El presidente de la empresa que tramitó la adjudicación, Electricidad de Caracas, y viceministro de Desarrollo Eléctrico era Javier Alvarado Ochoa, quien aparece también entre los clientes de Banco Madrid y, al igual que Villalobos, figuró en la denuncia del exembajador estadounidense. Según Reich, el hijo de Alvarado recibió sobornos que se materializaron luego en adjudicaciones para el desarrollo eléctrico del país.

Otro cliente de Banco Madrid es Carlos Luis Aguilera Borjas, exdirector de Seguridad del régimen. Borjas administra en España la sociedad CLAB-Consultoría Inmobiliaria y es además uno de los principales accionistas y consejeros de Constructora Girardot 53, una de las empresas agraciadas a finales de la pasada década con obras en el metro de Caracas, cuando gobernaba Chávez.

También del aparato de Seguridad de Chávez es otro cliente de Banco Madrid, con el exviceministro Alcides Rondón.

Es el mismo caso de Francisco Rafael Jiménez Villarroel, exdirigente de la petrolera PDVSA. Esta gigantesca empresa, clave para la economía de su país, figura de forma destacada en el informe estadounidense como importante plataforma de fondos.

En el grupo aparece también el empresario de seguros Omar Farias, considerado como una de las personas que se han enriquecido en el régimen gracias a las buenas relaciones con el equipo de Chávez. Él administra en España la sociedad Inversiones Porbónica.

En las investigaciones del Sepblac, Farias aparece como un personaje clave con posibles cuentas B en el Banco Madrid relacionadas con posibles operaciones turbias del régimen en el exterior.

Según El Mundo, estas personas "han podido manejar fondos en España procedentes presuntamente de sobornos millonarios a cambio de adjudicaciones del régimen venezolano".

El diario agrega que el informe del Sepblac va más allá de la información difundida hace unos días por la unidad antiblanqueo de EE. UU. (FinCEN) que afirmó, sin dar nombres, que "BPA facilitó transferencias por valor de $4,200 millones relacionadas con blanqueo de capital venezolano".

El supervisor financiero andorrano intervino el BPA tras la comunicación del FinCEN, que señalaba a la entidad por un presunto delito de blanqueo de capitales procedentes del crimen organizado.

El departamento del Tesoro de EE. UU. acusaba a algunos directivos del BPA de colaborar en el blanqueo de dinero de clientes chinos, rusos, mexicanos y venezolanos.

Entre los clientes del grupo estarían el Cártel de Sinaloa, organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico; Andrei Petrov, miembro de la mafia rusa y la petrolera estatal venezolana PDVSA. —AGENCIAS

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