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Embajadores de la UE alertan que Venezuela no puede afrontar al zika

 Además, el Parlamento venezolano anunció que investigan el desfalco de unos $7,000 millones en la estatal PDVSA por funcionarios chavistas

Colas interminables para entrar al mercado chavista Bicentenario de Terrazas del Ávila, Caracas.

Colas interminables para entrar al mercado chavista Bicentenario de Terrazas del Ávila, Caracas. | Foto por #terrazasdelavila

Colas interminables para entrar al mercado chavista Bicentenario de Terrazas del Ávila, Caracas.

CARACAS. Los embajadores de las países de la Unión Europea en Caracas suscribieron un informe en el que afirman que Venezuela está en situación “crítica” en su sector sanitario y no está preparada para hacer frente a una epidemia del virus zika a gran escala.

El informe, que comienza señalando que Venezuela camina hacia la crisis más profunda política, económica, social y de seguridad de su reciente historia, se detiene en analizar la situación sanitaria y pone de relieve la “seria escasez de medicinas y de suministros médicos”, así como el deterioro de las infraestructuras.

En concreto, alude a la falta de medicinas básicas en numerosas farmacias y señala que ello está favoreciendo la importación de medicinas falsificadas o caducadas, lo que representa un peligro añadido para la salud.

En ese contexto, el informe, elaborado tras reuniones con expertos de la organizaciones no gubernamentales Codevida, Acción Solidaria y Provea, se detiene en el peligro de extensión del virus zika en Venezuela, que preocupa de manera especial -dice- a países vecinos, como Brasil o Colombia.

Añaden los diplomáticos que, en el contexto actual, es difícil hacer estimaciones claras sobre el número de afectado por el virus que hay en el país y dice que, aunque las autoridades sanitarias admiten 4,000 casos reconocidos por el laboratorio nacional responsable de la detección, hay que tener en cuenta que debido a la escasez de reactivos, la capacidad de trabajo del centro es muy limitada. 

Los epidemiólogos y las ONG calculan que podría haber unos 400,000 casos de zika en Venezuela.

Indica el documento que, si bien la Asamblea Nacional, controlada por los partidos de la oposición, ha declarado la situación de “crisis de salud humanitaria”, el régimen de Nicolás Maduro, está en un “estado de no reconocimiento” de esa crisis y asegura que todo va bien el sector de la salud. Los embajadores creen que admitir lo contrario, sería aceptar que la revolución chavista está fallando.

El pasado 18, en uno de sus discursos, Maduro se refirió al zika y dijo que, en 72 horas, se habían importando medicinas contra el virus “para todos”, algo que ha sido puesto en cuestión por los opositores, que consideran que eso no es cierto para los 400 mil casos que se estima existen, sino, a lo sumo, para los reconocidos oficialmente por el régimen. Recientemente, la ministra de Salud llegó a admitir 4,700 y Maduro dijo que había “5,221 casos sospechosos, de los cuales 68 han tenido complicaciones y están en cuidados intensivos”.

Al no admitir la existencia de una epidemia, el régimen no ha desplegado campañas de prevención o información sobre la enfermedad y, aunque llevan a cabo algunas fumigaciones para eliminar al mosquito vector del zika y otras enfermedades, son pocas y erráticas.

Investigan a PDVSA

Mientras, el Parlamento ha iniciado una investigación para indagar en el desfalco de unos $7 mil millones en los distintos hechos de corrupción que, presuntamente, fueron cometidos por ex altos funcionarios de Petróleos de Venezuela (PDVSA) entre los años 2004 y 2014, publicó el diario español ABC.

El supuesto desvío de los fondos asignados por el régimen para el reaseguro del Complejo de Refinación Paraguaná (CRP), también conocido como Amuay, es uno de los casos investigados.

Según un informe evaluado en el Parlamento, el fraude fue realizado durante la administración de Rafael Ramírez en el Ministerio de Energía y Petróleo (2002-2014) y en la presidencia de PDVSA (2004-2014), y su primo Diego Salazar, que trabajaba entonces como operador financiero y de los seguros y de los reaseguros de esta empresa petrolera, y cuyas cuentas en la Banca Privada de Andorra (BPA) han estado bajo la lupa de las autoridades policiales internacionales por sospechas de blanqueo de capitales. 

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