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Según informe de HRW

Ecuador manipula leyes contra opositores

Acusa a los críticos de sabotaje o de terrorismo y retarda con criterios políticos sus audiencias, dice Human Rights Watch

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Dos líderes indígenas fueron acusados de terrorismo en 2011 por incitar desde una radio comunitaria a las protestas contra un proyecto de minería. | Foto por DO LM**MEX**

FILE - In this Feb. 8, 2011 file photo, police escort indigenous leaders Pepe Acacho, second from left, and Fidel Kaniras, from court after a judge granted them habeas corpus in Quito, Ecuador. Human Rights Watch investigated the case of Acacho, who was sentenced to 12 months in prison on a terrorist conviction for using a community radio station in 2009 to incite violent street protests against a government-sponsored mining law. øThis is political persecution by the government,ø Acacho, who spent a week in jail on the charges, said by phone. A Human Rights Watch report released on Tuesday, July 21, 2015, says activists convicted in Ecuador of terrorism and sabotage for taking part in anti-government protests have been denied justice through political interference that has prevented judges from hearing appeals under a new penal code. (AP Photo/Dolores Ochoa, File) Ecuador Human Rights Watch

QUITO El gobierno de Ecuador usa leyes represivas contra sus críticos, mientras que los jueces demoran audiencias por presiones políticas y tampoco aplican oportunamente una reciente legislación más benigna, como lo estipula el derecho, dijo Human Rights Watch en un informe divulgado ayer.

Con relativa frecuencia manifestantes, opositores y hasta estudiantes que protagonizan protestas callejeras son acusados de sabotaje y terrorismo por parte de organismos del estado, además enjuiciados y muchos de ellos sometidos a prisión.

El director para las Américas de la organización, José Miguel Vivanco, señaló que “estas condenas por terrorismo y sabotaje, que no tienen ninguna base, son un ejemplo claro de cómo el gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos”.

Añadió que “si un caso todavía se encuentra en apelación, los jueces deberían aplicar la norma más favorable” aunque consideró que “estos cargos nunca deberían haber sido planteados, y ahora no existe ninguna justificación legal para no conceder a los acusados una fecha de audiencia para que se reviertan estas condenas injustas”.

La agencia AP llamó al Consejo de la Judicatura, organismo a cargo del control de la justicia, y un funcionario del área de comunicación que declinó ser identificado por no estar autorizado a dar declaraciones, dijo que en cuanto haya un pronunciamiento de las autoridades acerca de este tema, se enviaría a los periodistas.

El informe aseguró que tras entrevistas con víctimas, sus abogados y juristas, Human Rights Watch considera que “las demoras en las audiencias se deben en buena medida a presiones políticas. Es especialmente probable que esto sea cierto en casos en los cuales el presidente y otros funcionarios gubernamentales avalaron las condenas cuando estas fueron dictadas inicialmente”.

Esa organización llevó adelante misiones de investigación a Ecuador en octubre de 2014 y marzo de 2015, y “también ha consultado documentación sobre todos los casos, incluyendo actas oficiales de audiencias judiciales, testimonios y sentencias”.
Recordó que en Ecuador se aprobó un nuevo Código Orgánico Integral Penal en agosto de 2014.

“En vez de examinar oportunamente las condenas injustas a la luz de las nuevas disposiciones, los jueces ni siquiera han fijado fechas de audiencia para las apelaciones en causas en las cuales el Presidente Rafael Correa y otros funcionarios gubernamentales han manifestado estar de acuerdo con las condenas”, precisó el documento de Human Rights Watch.

Observó que las penas por terrorismo subieron de 4 a 8 años de prisión, a de 10 a 13 años; Cuando los actos provoquen la muerte de personas  pasó de 16 a 25 años, a penas de 22 a 26 años. Las sentencias por cargos de sabotaje bajaron desde 8 a 12 años a 5 y 7 años.

Human Rights Watch destacó como casos paradigmáticos: el de 10 jóvenes apresados mientras planificaban en una casa protestas pacíficas, el de una profesora condenada a 8 años de prisión por incitar a sus alumnos a salir a protestas y  el de una estudiante que rompió una puerta de un canal estatal para expresar su opinión.

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