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Diario Extra denuncia que autoridades judiciales de Costa Rica le rastrearon llamadas

Afirman haber sido víctimas de espionaje por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)

Diario Extra denuncia que autoridades judiciales de Costa Rica le rastrearon llamadas

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Diario Extra denuncia que autoridades judiciales de Costa Rica le rastrearon llamadas

SAN JOSÉ. El grupo periodístico costarricense Extra denunció ayer haber sido víctima de rastreo de llamadas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, lo cual calificó como un abuso de autoridad y una violación a la libertad de prensa, mientras el fiscal general justificó la acción.

"En un hecho sin precedentes y propio de los regímenes autoritarios y dictaduras, algunas de las más altas autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público se dieron a la tarea de espiar a periodistas de Diario Extra, durante más de 10 meses, para detectar quiénes han sido nuestras fuentes de información, entrometiéndose indebidamente en la labor de investigación que realizamos con esmero", publicó ayer ese matutino.

En una conferencia de prensa, ayer, la gerente general del Grupo, Iary Gómez, la subdirectora de ese diario, Paola Hernández, el periodista Manuel Estrada, acompañados por el abogado de la empresa, Carlos Serrano, y del director de Telenoticias, Ignacio Santos, manifestaron su indignación por lo que consideran una violación al derecho a informar, a proteger las fuentes y a la libertad de prensa.

"Nos rastrearon todas las llamadas para determinar con cuáles funcionarios públicos han conversado nuestros comunicadores", aseguró Paola Hernández, subdirectora del Diario Extra.

Hernández indicó que llamadas en la central telefónica del Grupo Extra y de teléfonos corporativos y personales de al menos un periodista, fueron rastreadas para "conocer y descubrir fuentes que están brindando información fundamental para el país sobre actos anómalos e irregularidades".

La subdirectora del diario atribuye el supuesto espionaje a las publicaciones que ha hecho Diario Extra sobre temas como la compra de chalecos antibalas, y el caso de un agente del OIJ quien, supuestamente, era custodio de una persona secuestrada. "Nosotros estamos en la obligación de denunciar las anomalías en esas y otras instituciones", enfatizó.

"Ellos están molestos porque aquí sacamos información que a ellos no les gusta", agregó Hernández.

La periodista denunció que oficiales del OIJ han hecho llamadas telefónicas intimidatorias en contra del periódico y que sus reporteros son seguidos y fotografiados por agentes durante el desempeño de sus funciones.

Según informó ese matutino, hay un expediente de 200 páginas con la investigación del OIJ contra el periodista Manuel Estrada, quien normalmente está asignado a cubrir informaciones de la fuente de sucesos.

Por su parte, el fiscal general de la República, Jorge Chavarría, dijo hoy en una rueda de prensa que no se intervinieron teléfonos, sino que se realizó un "rastreo" de llamadas como parte de una investigación contra una funcionaria judicial que aparentemente divulgó información confidencial, lo que en este país es delito.

"Un rastreo es simplemente una comparación de los números, de llamadas que entraron o salieron de algún numero. Es un listado que puede pedir cualquiera" a su operador, manifestó Chavarría.

El fiscal negó que se haya intervenido o rastreado teléfonos de periodistas, y aseguró que solamente se hizo el listado de llamadas de la funcionaria judicial, quien se encuentra suspendida de su cargo.

Chavarría aseguró que el Ministerio Público no permitirá fugas de información en casos sensibles, ya que ello poner en riesgo la vida de víctimas, testigos e investigadores.

La Corte Suprema de Justicia indicó en un comunicado que en la sesión de ayer se acordó pedirle al Ministerio Público y al OIJ un informe acerca de este caso.

El representante legal del Grupo Extra, Carlos Serrano, indicó a periodistas que la empresa presentará un recurso de amparo a la Sala Constitucional con el fin de "resguardar el derecho que tiene el periodista a la reserva de la fuente y el derecho que tiene el pueblo de Costa Rica a recibir información de interés público".

Además, dijo que el medio podría solicitar "medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la protección del periodista y de las fuentes". —AGENCIAS.

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