Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Descubren red de empleos fantasma en el Congreso

Las autoridades desarticularon una trama de corrupción organizada por el expresidente del Congreso. Han solicitado retirarle la inmunidad

El diputado Pedro Muadi, expresidente del Congreso de Guatemala en el período 2013-2014. foto edh /

El diputado Pedro Muadi, expresidente del Congreso de Guatemala en el período 2013-2014. foto edh /

El diputado Pedro Muadi, expresidente del Congreso de Guatemala en el período 2013-2014. foto edh /

GUATEMALA. Las autoridades judiciales revelaron ayer una investigación por una supuesta red de empleos fantasmas en el Congreso que involucra al diputado opositor Pedro Muadi, expresidente legislativo en 2013, cuando integraba el oficialista Partido Patriota (PP, derecha).

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicaron que la empresa PSE S.A., vinculada a Muadi, diputado elegido en 2012 con el gobernante PP, se adueñó de 630,000 quetzales, unos 82,000 dólares, pagados por el Congreso por servicios de seguridad.

El legislador, quien goza de inmunidad, fue acusado por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, según detalló la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.

Se trata de un nuevo caso de corrupción en Guatemala, que desde abril vive entre escándalos desde la revelación de una red de sobornos en las aduanas y de un millonario contrato irregular del Seguro Social por la compra de medicamentos.

Las autoridades capturaron al jefe de la empresa de seguridad PSE S.A., José Estuardo Blanco Aguilar, y a la secretaria de la firma, Claudia María Bolaños, durante seis allanamientos en la Ciudad de Guatemala y otro más en el poblado en Mixco.

La fiscal explicó en compañía del comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, que Muadi habilitó como presidente del Congreso la contratación de 15 agentes de seguridad, por un salario de entre 8,000 o 9,000 quetzales, $900 a $1,100, aunque finalmente solo recibían alrededor de un 25 %.

"Estas personas contratadas por el Congreso no recibían el salario pactado", explicó Velásquez.

La secretaria de PSE S. A., Claudia María Bolaños, que gestionó la contratación de los agentes y tenía acceso a la "firma registrada" de los mismos, abrió cuentas bancarias sin el conocimiento de los agentes, para recibir los 15 salarios del Congreso, añadió el comisionado.

La trabajadora de la empresa ligada a Muadi pagaba posteriormente, en efectivo, un total de 2.000 quetzales, $250, a los 15 agentes de seguridad, y se adueñaba del resto.

"Esto implica que durante los seis meses en que se llevó a cabo esto, entre junio y diciembre de 2013, se obtuvieron un total de 630.000 quetzales", detalló Velásquez, en referencia al monto obtenido por la empresa ilícitamente y que debió terminar en los bolsillos de los agentes.

Aldana enfatizó que gracias a la investigación "tenemos pruebas documentadas y declaraciones testimoniales" para confirmar las acusaciones.

Las fuerzas de seguridad también allanaron el departamento de Recursos Humanos del Congreso, en busca de evidencias del caso.

Los fiscales salieron del edificio con cajas llenas de documentos "contables, registros y otros que van a servir" como pruebas de la acusación, subrayó Velásquez.

Muadi, presidente del Congreso de enero de 2013 al mismo mes en 2014, goza de inmunidad en su calidad de diputado, por lo que el Ministerio Público solicitó un antejuicio para que el legislador pueda ser investigado.

"La denuncia ya fue interpuestas", dijo Aldana, quien detalló que el documento iba acompañado con evidencias donde los registros comerciales de la empresa prueban su vinculación con Muadi.

La solicitud será trasladada a la Corte Suprema de Justicia, ente que decidirá si rechaza el retiro de la inmunidad o le da trámite al caso y envía el expediente al Congreso, para que una comisión de diputados estudie la acusación y decida si Muadi debe ser investigado sin privilegios.

El MP y la Cicig, establecida en 2007 por la Organización de Naciones Unidas ONU, para investigar estructuras clandestinas dentro del Estado, han destapado cinco escándalos de corrupción en el Gobierno del presidente Otto Pérez Molina, durante los últimos dos meses.

Las autoridades detuvieron en abril a 27 personas, entre altos funcionarios y particulares por contrabando y defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En mayo, arrestaron a otras 17 personas por un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en una trama que presuntamente involucra a toda la junta directiva de la entidad, quienes se encuentran en prisión preventiva.

El martes pasado fueron detenidas doce personas, entre exjefes de la policía de Guatemala y contratistas por el fraude de más de 7 millones de dólares en contratos a empresas inexistentes para la reparación de estaciones y vehículos de la institución. —AGENCIAS.

Lea además
Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica constructiva. Te invitamos a hacer buen uso y a leer las normas de participación