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Descubren en Guatemala supuesta trama de corrupción del expresidente del Congreso

El legislador, quien goza de inmunidad, fue acusado por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, según detalló la fiscal general, Thelma Aldana

De izquierda a derecha, el viceministro de Gobernación de Guatemala, Elmer Sosa; la fiscal General, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez.

De izquierda a derecha, el viceministro de Gobernación de Guatemala, Elmer Sosa; la fiscal General, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván...

De izquierda a derecha, el viceministro de Gobernación de Guatemala, Elmer Sosa; la fiscal General, Thelma Aldana, y el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, Iván Velásquez.

Las autoridades de Guatemala desarticularon este jueves una supuesta trama de corrupción organizada por el expresidente del Congreso, Pedro Muadi, acusado de apropiarse durante su mandato, en 2013, de unos 80,000 dólares a través de la contratación irregular de agentes de seguridad.

El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) explicaron en rueda de prensa que la empresa PSE S.A., vinculada a Muadi, diputado elegido en 2012 con el gobernante Partido Patriota (PP), se adueñó de 630,000 quetzales (unos 82,000 dólares) pagados por el Congreso por servicios de seguridad.

El legislador, quien goza de inmunidad, fue acusado por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción, según detalló la fiscal general y jefa del MP, Thelma Aldana.

Las autoridades capturaron al jefe de la empresa de seguridad PSE S.A., José Estuardo Blanco Aguilar, y a la secretaria de la firma, Claudia María Bolaños, durante seis allanamientos en la Ciudad de Guatemala y otro más en el poblado en Mixco.

La fiscal explicó en compañía del comisionado de la Cicig, el colombiano Iván Velásquez, que Muadi habilitó como presidente del Congreso la contratación de 15 agentes de seguridad, por un salario de entre 8,000 o 9,000 quetzales (900 a 1,100 dólares), aunque finalmente solo recibían alrededor de un 25 por ciento.

"Estas personas contratadas por el Congreso no recibían el salario pactado", explicó Velásquez.

La secretaria de PSE S. A., Claudia María Bolaños, que gestionó la contratación de los agentes y tenía acceso a la "firma registrada" de los mismos, abrió cuentas bancarias sin el conocimiento de los agentes, para recibir los 15 salarios del Congreso, añadió el comisionado.

La trabajadora de la empresa ligada a Muadi pagaba posteriormente, en efectivo, un total de 2,000 quetzales (250 dólares) a los 15 agentes de seguridad, y se adueñaba del resto.

"Esto implica que durante los seis meses en que se llevó a cabo esto, entre junio y diciembre de 2013, se obtuvieron un total de 630,000 quetzales", detalló Velásquez, en referencia al monto obtenido por la empresa ilícitamente y que debió terminar en los bolsillos de los agentes.

Aldana enfatizó que gracias a la investigación "tenemos pruebas documentadas y declaraciones testimoniales" para confirmar las acusaciones.

Ambos profundizaron en dos de los 15 casos, con presuntos registros de cuentas bancarias en los que se evidencia el movimiento del dinero a la empresa de Muadi, sin que supuestamente los agentes tuvieran conocimiento de estas transacciones.

Las fuerzas de seguridad también allanaron el departamento de Recursos Humanos del Congreso, en busca de evidencias del caso.

Los fiscales salieron del edificio con cajas llenas de documentos "contables, registros y otros que van a servir" como pruebas de la acusación, subrayó Velásquez.

Muadi, presidente del Congreso de enero de 2013 al mismo mes en 2014, goza de inmunidad en su calidad de diputado, por lo que el Ministerio Público solicitó un antejuicio para que el legislador pueda ser investigado.

"La denuncia fue interpuesta a las 9:30 de la mañana de este miércoles", dijo Aldana, quien detalló que el documento iba acompañado con evidencias donde los registros comerciales de la empresa prueban su vinculación con Muadi.

La solicitud será trasladada a la Corte Suprema de Justicia, ente que decidirá si rechaza el retiro de la inmunidad o le da trámite el caso y envía el expediente al Congreso, para que una comisión de diputados estudie la acusación y decida si Muadi debe ser investigado sin privilegios.

El MP y la Cicig, establecida en 2007 por la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar estructuras clandestinas dentro del Estado, han destapado cinco escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, durante los últimos dos meses.

Las autoridades detuvieron en abril a 27 personas, entre altos funcionarios y particulares por contrabando y defraudación aduanera en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

En mayo, arrestaron a otras 17 personas por un fraude al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en una trama que presuntamente involucra a toda la junta directiva de la entidad, quienes se encuentran en prisión preventiva.

El MP y la Cicig acusaron este mes al diputado opositor Baudilio Hichos por otro fraude al IGSS y aprehendieron a casi una docena de personas por un desfalco millonario en el ministerio de Gobernación (Interior).

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