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Contraloría abre proceso a ocho constructoras por caso Petrobras

Las empresas investigadas son de las más grandes de Brasil

Un juez federal de Brasil liberó ayer a un exdirector de Petrobras, Renato Duque, pero debió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país y cambiar su dirección. foto edh / revista veja.

Un juez federal de Brasil liberó ayer a un exdirector de Petrobras, Renato Duque, pero debió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país y cambiar su...

Un juez federal de Brasil liberó ayer a un exdirector de Petrobras, Renato Duque, pero debió entregar su pasaporte y le prohibió salir del país y cambiar su dirección. foto edh / revista veja.

BRASILIA. La Contraloría General de Brasil abrió ayer un proceso administrativo a ocho importantes constructoras, por supuestos fraudes en el gran caso de corrupción que tiene en su centro a la petrolera estatal Petrobras.

Las empresas investigadas se encuentran entre las principales constructoras de Brasil: Camargo Correa, Engevix, Galvão Engenharia, Iesa, Mendes Junior, OAS, Queiroz Galvão y UTC-Constran, según la Contraloría, que no descartó extender las investigaciones a otras compañías.

Los procesos podrán acarrear la prohibición de que estas constructoras firmen nuevos contratos en licitaciones públicas, además de la aplicación de multas y otras penas.

La Policía arrestó, el mes pasado, a 16 altos ejecutivos de estas constructoras del país, sospechosos de crear un cártel para repartirse las obras convocadas por Petrobras e hinchar los precios de las mismas.

Esos fondos sirvieron, en parte, según las investigaciones, para alimentar una vasta red de corrupción con la que se pagaban sobornos millonarios a decenas de políticos y partidos.

Entre los capturados está Ildelfonso Colares Filho, presidente de Queiroz Galvão, empresa que ejecuta las tareas de expansión de la presa hidroeléctrica 5 de Noviembre, fue arrestado junto a ejecutivos de empresas brasileñas por estar involucrados, según las autoridades, en un esquema de corrupción que movió $3,850 millones a través de la empresa petrolera Petrobras. Las empresas Queiroz Galvao y Odebrecht han sido seleccionadas por la CEL, durante el gobierno de Mauricio Funes, para ejecutar obras eléctricas en El Salvador.

Según declaraciones de un exdirectivo de Petrobras, el 3 % del monto de cada obra ejecutada por el sector de Abastecimiento de Petrobras se destinaba al pago de coimas a partidos políticos oficialistas.

Faltan los que recibieron

Después de 16 meses de investigación, el juez Sergio Moro ha acumulado suficiente información para pasar a la última fase de la Operación Lava Jato: el procesamiento de los políticos que acumulaban sobornos millonarios, muy superiores a las cantidades límite estipuladas para las donaciones legales a partidos.

La Procuraduría General de la República y el Tribunal Supremo Federal han recibido ya la información del caso y las declaraciones de los presuntos corruptores: es cuestión de tiempo que la segura aparición de diputados y senadores (protegidos por el foro privilegiado) propicie el traslado parcial de la causa a estas instituciones radicadas en Brasilia. "Tenemos a los que pagaron. Faltan los que recibieron", resume un agente participante en la investigación.

Las ramificaciones del caso Petrobras han llegado ya a EE. UU., donde la petrolera estatal brasileña es también investigada, y Suiza, donde investigadores del caso viajaron, esta semana, para auxiliar en el rastreo de activos ilegales presuntamente enviados por Fernando Soares, Baiano, señalado por los delatores como operador del PMDB en los sobornos de Petrobras.

La inquietud entre los partidos políticos es pública ya. El presidente del gobernante PT, Rui Falcão, afirmó el sábado que los políticos cuya implicación se compruebe serán expulsados de la formación.

Moro, mientras tanto, mantiene la prisión preventiva de los principales empresarios detenidos (que en la legislación brasileña puede extenderse hasta seis meses), en espera de nuevas revelaciones y de que siga el goteo de arrestados que confiesan su culpabilidad en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia. —AGENCIAS.

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