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Admiten trámite para retiro de inmunidad a vicepresidenta de Guatemala

La funcionaria estaría involucrada en un escándalo de corrupción en el que, según la Fiscalía, una red liderada por su ex secretario privado, defraudó al Estado por varios millones de dólares.

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La Corte Suprema dio lugar el miércoles a un trámite parlamentario para retirar la inmunidad a la vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elias, afectada por un escándalo de corrupción millonario al que está vinculado su ex secretario privado, prófugo de la justicia.

El presidente de la Corte Suprema, Josué Baquiax, dijo que existían indicios para dar trámite a la solicitud y la resolución fue firmada por unanimidad de los 13 magistrados. En cambio, la corte no dio lugar a la misma solicitud en el caso del presidente Otto Pérez Molina.

Los partidos Movimiento Nueva República y Movimiento Winaq, integrado por el Partido Maíz y el ex grupo guerrillero Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, solicitaron a la corte iniciar el trámite para levantar la inmunidad a Baldetti e investigarla por un escándalo de corrupción en el que, según la fiscalía, una red liderada por Juan Carlos Monzón Rojas, su ex secretario privado, defraudó al estado guatemalteco por varios millones de dólares.

La Corte deberá remitir el expediente contra Baldetti al Congreso para que conforme por sorteo una comisión de cinco diputados, la que recomendará el retiro o no de la inmunidad. La decisión del congreso, integrado por 158 diputados, será por mayoría simple.

Previamente, una importante cámara empresaria se sumó a los pedidos de renuncia de la vicepresidenta.

El presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, Jorge Briz, dijo en conferencia de prensa que la renuncia de Baldetti "impactaría favorablemente en la sociedad, fortalecería la democracia en el país y sería un acto importante para la democracia".

Desde que el escándalo salió a la luz en abril, miles de guatemaltecos han realizado marchas, protestas y plantones.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la fiscalía hicieron pública la red supuestamente dirigida por Monzón Rojas, integrada por al menos 50 de funcionarios y particulares.

Varios expertos han dicho que la vicepresidenta no podía ser ajena al caso aunque la fiscalía no la ha vinculado.

Baldetti ha negado cualquier vínculo y ha dicho que no renunciará, y el presidente Otto Pérez Molina se ha negado a pedir su renuncia porque no está vinculada con el caso, según dijo.

La red, denominada "La línea", era utilizada por empresarios que a través de sobornos a funcionarios defraudaban al fisco. Las autoridades presentaron más de 66.000 escuchas telefónicas, en una investigación sin precedentes, para demostrar como operaba la organización.

En una de las escuchas telefónicas se puede escuchar cómo dos de involucrados en la red, hablan sobre la entrega de 2,3 millones de quetzales (unos 300.000 dólares) en efectivo a Monzón, producto de sobornos de dos semanas.

Los empresarios también dijeron que analizan un paro general para apoyar su demanda.

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