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ESPECIAL ENADE 2015

Sector privado avala crear un fideicomiso para seguridad, pero no nuevos impuestos

El sector privado ve con buenos ojos que se cree un fideicomiso para un mejor control de las inversiones en materia de seguridad, pero eso no significa que acepta nuevos impuestos La figura es discutida por un "petit comité" al seno del Consejo Naci

La creación de un fideicomiso de seguridad que incluiría reglas específicas de inversión y control está siendo discutida por un comité de articulación financiera que es parte del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC), pero aún no se conoce de dónde saldrá el dinero.

Hace dos meses el Presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, aseguró que había pedido al Ministerio de Hacienda que elaborara una propuesta "que podría incluir un nuevo impuesto o un fideicomiso" para financiar el plan El Salvador Seguro.

En esa ocasión, también aseguró que había gestionado ante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) un préstamo por 200 millones de dólares para financiar el referido plan.

La creación del fideicomiso como una herramienta para ordenar los recursos de seguridad es bien vista por la empresa privada, pero no así la posibilidad de nuevos impuestos, como han barajado la administración de gobierno actual y como lo hizo la pasada.

El presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Jorge Daboub, está convencido de que el problema de la seguridad no se debe a falta de recursos financieros, sino a las malas políticas públicas, al descontrol y al mal manejo de los recursos.

"Como figura está bien, porque lo que pretende es decir: que estos recursos van a ser utilizados única y exclusivamente para compra de equipo, para reinserciones, modificaciones operativas; es decir, como un mecanismo de ordenar, creemos que está bien", dijo Daboub.

Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la gremial y quien forma parte del CNSCC y ha participado en las discusiones de la creación del fideicomiso, aseguró que está "casi listo", pero aún no se conocen los detalles de cómo se financiará.

"La discusión está aún en manos de este 'petit comité' y no ha llegado al pleno del Consejo. Estamos en el momento de la arquitectura, de cómo funcionará; luego, el documento tiene que ser revisado por abogados", detalló.

Como representante del sector privado, Jiménez aclaró que estar de acuerdo con el fideicomiso no significa que estén de acuerdo con nuevos impuestos.

De hecho, recordó que en los últimos cinco años el gobierno salvadoreño ha hecho cuatro reformas tributarias que se han traducido en un aumento de la recaudación, al punto que ha llegado a niveles del 18% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, está comprobado, dice Jiménez, que una mayor recaudación propicia el traslado del sector formal al informal, y al mismo tiempo, limita el desarrollo económico y al final, provoca menos recaudación.

En su opinión, lo que se necesita en estos momentos no son nuevos impuestos, sino que las instituciones de seguridad demuestren que pueden trabajar con eficiencia en cada uno de los proyectos que se ejecuten, pues ese el propósito del fideicomiso.

"La empresa privada paga 3,500 millones de dólares en impuestos, los salvadoreños pagan impuestos, la cooperación internacional brinda fondos reembolsables o no reembolsables.", expresó.

Por su parte, el representante del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Roberto Valent, dijo que el fideicomiso es un mecanismo de articulación financiera.

La empresaria Elena de Alfaro, quien también pertenece al Consejo de Seguridad, enfatizó que el fideicomiso será una buena herramienta siempre y cuando sea manejado por un ente independiente, que rinda cuentas claras.

El caso colombiano

De Alfaro citó como ejemplo a Medellín, en donde existe una figura similar, cuyos fondos se destinan a la ejecución de proyectos específicos, pero todo bajo un control y auditoría.

En El Salvador, el fideicomiso estará sujeto a similares condiciones; es decir que los proyectos que se ejecuten serán auditados y evaluados técnicamente, para saber si las entidades ejecutoras (Policía, Fiscalía, centros penales, ministerios, iglesias, organismos no gubernamentales, entre otros) han cumplido con los compromisos.

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Luis Cardenal, coincide con Daboub y Jiménez, al decir que no se trata de crear impuestos, sino de construir un plan de seguridad, que por ahora "no existe, solo se están aplicando medidas paliativas".

"Y a pesar de que la seguridad pública es responsabilidad exclusiva del gobierno, es un problema nacional de tal magnitud que requiere la participación de todos. Y es ahí en donde estamos tratando de ayudar, porque el hecho de que no se resuelva tiene un costo tan alto en la economía que nos hace perder competitividad y ser menos atractivos a las inversiones", apuntó Cardenal.

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