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Cúpula empresarial de Guatemala demanda "transparencia" en el gasto público

El Cacif recomendó modificar el marco legal relativo a las contrataciones del Estado.

Cúpula empresarial de Guatemala demanda "transparencia" en el gasto público

Cúpula empresarial de Guatemala demanda "transparencia" en el gasto público

Cúpula empresarial de Guatemala demanda \"transparencia\" en el gasto público

GUATEMALA. La cúpula empresarial de Guatemala demandó hoy "transparencia" en el manejo del gasto público por parte del gobierno del país centroamericano y sugirió a la vez "modificar el marco legal relativo a las contrataciones del Estado".

La patronal guatemalteca, representada por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) se pronunció así mediante un comunicado, en el que hace referencia a recientes "compras de gobierno, contrataciones del Estado y legislación que afecta a sectores estratégicos".

La cúpula empresarial considera "imperativo" que la administración pública guatemalteca respete "el libre acceso a la información" de modo que se facilite el acceso a los procesos de contratación, además de evitar la "discrecionalidad" con respecto al cumplimiento de la ley.

El Cacif precisó en el comunicado que se debe fomentar "la competencia y transparencia" en todas las contrataciones y licitaciones públicas por parte del Estado de Guatemala.

INSTA A CAMBIAR LEY DE COMPRAS DEL ESTADO

La patronal señaló también que "es necesario modificar el marco legal relativo a las contrataciones del Estado" e instó al Congreso de Guatemala a revisar y actualizar la Ley de Compras y Contrataciones del Estado.

"Estamos seguros que esta demanda no es sólo del sector empresarial, sino también de toda la sociedad guatemalteca", concluye la misma fuente, que no se refiere en su contenido a ninguna contratación o temática específica.

De acuerdo con medios locales, el 80 por ciento de las compras del Estado en los primeros cuatro meses del año fueron efectuadas a través de compra directa, un recurso legal pero que en opinión de analistas es utilizado para fraccionar adquisiciones y así obviar la cotización y licitación pública.

La legislación local indica que se puede hacer una compra directa por parte del Estado de Guatemala cuando ésta no rebase los 90,000 quetzales (11,250 dólares aproximadamente). De lo contrario, señala que debe realizarse un proceso de cotización (concurso público) o licitación pública.

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