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MERCADOS

Bolivia con nueva ley para atraer inversiones extranjeras

La ley establece reglas claras para los capitales extranjeros y les permite repatriar dividendos

Desde que llegó al poder en el 2006, Evo Morales estatizó vastos sectores de la economía, entre ellos el de hidrocarburos, minería y empresas eléctricas.

Desde que llegó al poder en el 2006, Evo Morales estatizó vastos sectores de la economía, entre ellos el de hidrocarburos, minería y empresas eléctricas.

Desde que llegó al poder en el 2006, Evo Morales estatizó vastos sectores de la economía, entre ellos el de hidrocarburos, minería y empresas eléctricas.

LA PAZ. El presidente boliviano, Evo Morales, promulgó este viernes una ley marco para incentivar la inversión extranjera, en un intento por alejar el fantasma de las nacionalizaciones que realizó en su mandato y que han espantado a los capitales internacionales.

La normativa autoriza el establecimiento de beneficios impositivos como la reducción o exención de tributos y gravámenes arancelarios, además del otorgamiento de estímulos a la producción en sectores económicos que sean considerados clave como hidrocarburos, minería, energía y transporte.

Pero la normativa también dispone que los tribunales locales y no los internacionales sean el ámbito de resolución de conflictos sobre inversiones, algo que no es bien visto por la comunidad financiera internacional.

Bolivia ha sido demandada varias veces en tribunales internacionales por empresas que buscan ser compensadas por la expropiación de sus activos en el país.

La nación, una de los más pobres de Latinoamérica y que genera gran parte de sus exportaciones por las ventas de gas natural a Argentina y Brasil, registró el año pasado más inversiones públicas que privadas. La Inversión Extranjera Directa apenas alcanzó a 1.750 millones de dólares, mientras que la estatal llegó hasta 3,800 millones de dólares.

Durante el debate en el Congreso que finalizó el mes pasado, los legisladores quitaron un artículo de la normativa que avalaba los procesos de nacionalización, aunque ésta sigue siendo una potestad del Estado delegada por la Constitución boliviana.

"La nueva ley de inversiones no es un instrumento sólo para la ganancia, es un instrumento para el desarrollo", afirmó el presidente Evo Morales al promulgar esa normativa en el Palacio de Gobierno, abarrotado de empresarios locales, el cuerpo diplomático acreditado en Bolivia y sectores sociales.

"La seguridad jurídica siempre está orientada para garantizar evidentemente las utilidades, están garantizadas; pero la seguridad jurídica no puede ser sólo para saquear nuestros recursos naturales, la seguridad jurídica es también para garantizar la vida humana", complementó.

La norma asegura que los empresarios privados locales y extranjeros gozarán de procedimientos sencillos y plazos breves para la tramitación y consolidación de las inversiones.

Sin embargo, deja en claro que los recursos naturales e industrias de sectores estratégicos no podrán ser privatizados bajo ninguna modalidad.

"Creo que como una norma de carácter general se la puede calificar de buena", dijo a Reuters el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, Gary Rodríguez.

A partir de ahora, los mecanismos de inversión se podrán realizar a través de sociedades comerciales, empresas públicas y empresas de capital mixto donde el Estado tenga participación accionaria mayoritaria, contratos y otros instrumentos de inversión conjunta.

La norma también garantiza que los inversionistas extranjeros podrán transferir al exterior divisas libremente convertibles por medio del sistema bancario.

Morales criticó a tribunales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial porque "siempre gana el privado, nunca el Estado".

"Ahora con esta nueva ley, si hay algún problema con algún inversionista tiene que estar, no sé si sometido, pero sí tiene que resolverse en tribunales bolivianos y no extranjeros", sostuvo.

Bolivia recibió demandas por un total de 1,870 millones de dólares de cuatro empresas internacionales que están buscando una indemnización por la expropiación de activos y la nacionalización de sus filiales, según la fiscalía del estado, incluyendo a las españolas Iberdrola y Red Eléctrica.

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