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Proponen realizar las audiencias desde penales

La modificación a la Ley Penitenciaria será solicitada por el Ministerio de Justicia y Seguridad a la Asamblea Legislativa. No aplica en todos los casos

Los principales traslados de pandilleros se hicieron entre los penales de Izalco, en Sonsonate, y de San Francisco Gotera, en Morazán, el jueves pasado. Hubo un fuerte dispositivo de seguridad durante el procedimiento. FOTO EDH

Propondrán que cuando haya riesgo de fuga, las audiencias se realicen en los penales. | Foto por EDH/ ARCHIVO

Propondrán que cuando haya riesgo de fuga, las audiencias se realicen en los penales.

El ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, aseguró ayer que propondrán a la Asamblea Legislativa la modificar la Ley Penitenciaria, para permitir que jueces realicen las audiencias en los penales o a través de videoconferencias.

“No podemos correr el riesgo de lo que nos pasó en San Miguel” el 1 de agosto, cuando se fugaron seis reos de alta peligrosidad que estaban recluidos provisionalmente en las bartolinas de la delegación policial, dijo Lara.

La medida se aplicaría solo en casos especiales, cuando se corra el riesgo de que ocurran fugas como la de San Miguel, aclaró Lara.

Los pandilleros guardaban prisión en el penal de  máxima seguridad de Zacatecoluca, La Paz, pero estaban bajo resguardo de la PNC mientras enfrentaban una audiencia. Se fugaron cortando los barrotes de la ventana de la celda donde estaban.

Cuatro de los seis pandilleros fueron capturados horas después. Pero, aún son prófugos Wilfredo Velásquez Girón y Moisés Ernesto Ajuria Escamilla. La Fiscalía ofrece una recompensa por su recaptura.

Según la Policía, los pandilleros eran considerados por la como reos peligrosos de la mara “Mirada Loca”.

Traslados masivos durante el año
Las autoridades penitenciarias han trasladado a más de 3,000 reclusos a distintos centros penales desde febrero, incluyendo a 19 pandilleros de alta peligrosidad a Zacatraz.

Entre los internos trasladados figuran una treintena de los principales cabecillas de las pandillas que estuvieron recluidos en penales de menor seguridad durante 36 meses, en recompensa por haber promovido una tregua entre esos grupos que permitió la baja de homicidios de pandilleros, más no de las personas ajenas a las pandillas.

Los movimientos de los reclusos comenzaron en febrero pasado, cuando trasladaron a más de 30 cabecillas de pandillas hacia el penal de Zacatecoluca a raíz de la presión que ejerció la Fiscalía General con el respaldo del Consejo Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Entre los trasladados estaban Carlos Ernesto Mojica Lechuga (a) Viejo Lin; Dionisio Umanzor, (a) el Sirra; Carlos Rivas Barahona, (a) el Chino Tres Colas; Borromeo Enrique Henríquez Solórzano, (a) el Diablito.

La Dirección de Centros Penales argumentó que la medida obedecía a que “estos privados de libertad han tenido incidencia en los recientes atentados a las diferentes instituciones del Estado”.

Agregó que esos movimientos también eran parte de las “nuevas estrategias que ha realizado el gobierno para combatir a las pandillas, consideradas como las responsables de cometer la mayoría de homicidios”.

Los movimientos de estos cabecillas de pandillas pusieron en alerta a las autoridades de la Policía, que esperaban acciones de represalias en contra de personal de la corporación. Luego de esos movimientos, los índices de homicidios comenzaron a dispararse hasta tener un promedio de 15 asesinatos por día en abril.

Sin embargo, en mayo y junio las cifras se elevaron hasta tener 20 y 22 muertes violentas por día, cifras sin precedentes en la historia reciente del país. 

Además arreciaron los ataques y asesinatos de policías y militares.

En abril pasado, Centros Penales hizo un traslado masivo de pandilleros recluidos en los penales de Izalco, Sonsonate; y San Francisco Gotera, en Morazán. 

Al menos 1,100 pandilleros fueron cambiados entre los penales de San Francisco Gotera e Izalco. Otro grupo que estaba en el penal de Sonsonate fueron llevados a de Quezaltepeque, La Libertad.

Centros Penales argumentó que los cambios de penales para los 1,100 internos obedecía a evitar “operaciones criminales” en el sistema carcelario.

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