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ASAMBLEA SÓLO REVELA 44 DE SUS 218 ASESORES

El portal de transparencia legislativo sostiene que los nombres han sido publicados con el consentimiento de estas personas No se identifica a qué bancada pertenecen, pero hay varios diputados suplentes y exdiputados del FMLN y otros exfuncionarios

La Asamblea Legislativa ha publicado los nombres de sólo 44 de los 218 asesores legislativos contratados hasta finales de agosto de 2013, según se detalla en el portal de Acceso a la Información Pública en la página de Internet del Congreso.

El listado de asesores, que no especifica a qué partido pertenecen, solo incluye la profesión y número de Documento Único de Identidad (DUI), sin aclarar qué tipo de asesoría realiza.

No obstante, varios de los contratados tienen adicionalmente cargos de diputados suplentes o han sido legisladores propietarios en otros períodos.

También hay nombres de colaboradores en el equipo de comunicaciones del presidente electo Salvador Sánchez Cerén, así como exfuncionarios de la República.

Entre los cargos de asesor están los diputados suplentes del FMLN, Nidia Díaz y Rolando Mata, así como los exdiputados propietarios Margarita Velado y Herbert Amaya y la exlegisladora suplente Argentina García Ventura. También figura Ricardo González, exdiputado y sobrino del secretario general del FMLN, Medardo González.

Asimismo, se incluye al exsuperintendente de Electricidad y Telecomunicaciones, Tomás Campos Villafuerte, quien fue destituido de su cargo en 2010, y al colaborador de prensa del presidente electo Sánchez Cerén, Celso Antonio Rivera.

En la lista no es posible identificar si hay asesores de otras bancadas que integran la Asamblea, pues no se detalla.

En el portal publicado por el Congreso se detalla que estos nombres fueron publicados con el consentimiento de los asesores, de acuerdo con los Artículos 24, literal "d", y 25 y 33 de la LAIP.

Sin embargo, el partido ARENA publicó el año anterior un listado con 32 asesores con un salario de $82 mil mensuales en total, es decir, ganando cada uno un promedio de $2,500 al mes.

Entre los asesores publicados por los tricolores están Luis Guillermo Wellman Carpio, Patricia María Salazar Mejía, Julio Antonio Gamero Quintanilla, Rolando Alvarenga, José Ernesto Castellanos Campos, Claudio Manuel de Rosa Ferreira y Rafael Antonio Lemus.

En tanto, otros partidos como PDC y CD también revelaron la nómina de asesores con los que cuentan.

La divulgación de estos nombres de asesores del Congreso, sin embargo, no resuelve totalmente la polémica que se generó después que el diputado presidente Sigfrido Reyes se negara a publicar la totalidad de nombres y salarios como se lo ordenó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Diversas posturas

Diputados de la Junta Directiva del Congreso, en tanto, tienen posiciones distintas sobre el punto, pero concuerdan en que sólo les corresponde publicar los nombres bajo la anuencia de los asesores, de acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).

"Se ha publicado lo que se ha autorizado por parte del empleado porque a cada empleado se le pasó una nota en la cual manifestara que estaba de acuerdo en que se publicara (nombre y salario) hemos cumplido siguiendo la autorización", manifestó el vicepresidente legislativo Guillermo Gallegos, de Gana.

Por su parte el diputado Carlos Reyes, de ARENA, explicó que la decisión que tomó la Junta Directiva sobre publicar los nombres de los asesores con sus respectivos salarios se tomó antes de que él formara parte de la directiva.

No obstante, confirmó que la directiva anterior autorizó que se publicaran los nombres con el consentimiento de los asesores.

"La verdad habría que confirmarlo, estaría mintiendo si ese número (44 asesores) es cierto, tengo entendido que la Junta Directiva en la cual yo no participaba tomaron la decisión que todos los asesores que dieran su aval se podrían publicar, fue decisión de la Junta Directiva anterior", aclaró Reyes.

Según el tricolor las peticiones de información que llegan a la Asamblea se han estado tramitando con normalidad a través de la Oficina de Información Pública.

Mientras, el diputado Rafael Machuca, del PCN, explicó que es un tema que aún analiza la unidad jurídica de la Asamblea. A su criterio se debe interpretar lo que la Junta Directiva hizo el año pasado de no publicar los salarios de los asesores a pesar de la "presión" del IAIP, a raíz de una solicitud ciudadana.

"Lo que procedería es que se interprete el cargo en este caso, o que se determinen las características del cargo o de la función para ver si cae dentro de la información general que se debe entregar a otras que son de carácter reservado", argumentó Machuca.

Juicio contencioso

Por su parte, IAIP advirtió que por ahora los partidos no están obligados a publicar la información completa, en vista de que hay una resolución provisional de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que ha dejado en suspenso la publicación de los asesores legislativos.

Eso sí, advirtieron que el Artículo 10 de la LAIP aclara que todas las instituciones públicas están en la obligación de publicar como parte de su información oficiosa el listado de su personal y a indicar por cargo presupuestario cuáles son las remuneraciones.

La sentencia de la Sala surgió luego de que el IAIP sancionara con multas a los directivos y al presidente de la Asamblea, el efemelenista Sigfrido Reyes, por no revelar la cantidad de plazas, salarios y detalles de los asesores que le ordenó el Instituto.

El IAIP sancionó, el 18 de septiembre de 2013, a Reyes y los 13 directivos restantes con $666 cada uno, pero la multa fue pagada sólo por los directivos de ARENA.

Pero, así como el FMLN, también los miembros de Gana y PCN en la Junta Directiva del Congreso se negaron a pagar la multa y a revelar los nombres y salarios de sus asesores. La segunda multa, por más de $9 mil, recayó en el presidente legislativo, quien le restó importancia y prefirió esperar el fallo de la Sala de lo Contencioso de la CSJ.

Tanto Gallegos como Reyes expresaron que respetarán lo que la Sala de lo Contencioso Administrativo les ordene.

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