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¿Se debería penar con cárcel la difamación en redes sociales?

Dos ciudadanos debaten sobre la temática en #ElRingdeHoy. Únete

 debe penarse

Rodrigo Ávila

En Latinoamérica, algunos gobiernos han puesto de moda “leyes mordaza”. Sin embargo, no se puede caer en el error de confundir el derecho a expresarse libremente, con la capacidad irrestricta de violentar el honor ni vulnerar la dignidad o intimidad de otros, sin que esto tenga ninguna consecuencia.

Algunas posturas radicalizadas buscan minimizar las posibilidades que tiene un ciudadano de acceder a la justicia en caso sea injuriado o difamado a través del Internet.  Incomodar al vecino, a un político o funcionario; al publicar opiniones, caricaturas o memes, no es algo indebido, mucho menos constituye delito.  Pero si se utilizan las redes sociales para causar un daño deliberado, los efectos son inmensamente mayores a los que se pueden infligir por los medios tradicionales.

El Código Penal y Procesal Penal vigentes establecen el procedimiento a seguir para que un ciudadano denuncie un  delito de difamación que dañe su honor.  El mecanismo existente es de acción privada, y no interviene la Fiscalía, por lo que la víctima debe contratar abogado para interponer demanda en un Tribunal de Sentencia. Si se conoce al difamador, el problema no es tan grande, pero cuando el daño se da en las redes sociales, y  proviene de un perpetrador anónimo, o de una identidad falsa, el proceso vigente se queda corto en cuanto a las posibilidades que tiene la víctima de que se individualice el victimario,  y mucho menos que se aporten pruebas contra este.

Si la víctima tiene los recursos, podrá contratar a un Perito Forense Especial Digital, pero aun así, las posibilidades  y alcances de un experto informático son limitadas. En contraste la FGR tiene, por ejemplo, la capacidad de solicitar información a los operadores de internet y también tiene facultades para incluso secuestrar equipos informáticos en el proceso de una investigación.

Por lo anterior, se propuso una modificación al polémico artículo 24 del último proyecto de decreto para la Ley Contra Delitos Informáticos, presentado por la Comisión Interinstitucional y así posibilitar la intervención de la FGR a partir de la denuncia de la víctima.  Por escasos votos, esta iniciativa no fue incluida en Ley recién aprobada. El espíritu de la propuesta no reñía, ni con la libertad de prensa ni con la libertad de expresión, pero hubiese logrado que no solo las empresas o personas con gran capacidad de pago, pudiesen defenderse de las graves y dañosas difamaciones que se producen en el Internet.

La intervención de la FGR hubiera garantizado que no se abrieran expedientes de investigación en los casos en que no hubiese un daño real o en los que simplemente exista una afectación de susceptibilidades personales.

El internet nos da a todos una capacidad  impresionante para comunicarnos y expresarnos, pero también abre posibilidades infinitas para hacer daño. Al difundir mentiras y calumnias, se puede afectar deslealmente a competidores comerciales, un envidioso puede hacer que alguien pierda su trabajo y hasta se puede destruir moralmente a familias enteras.  

Es por lo anterior, que en muchos países está penado el Cyber-Bullying; recordemos los tristemente célebres casos en que haciendo gala de la peor bajeza,  infames que publicaron actos privados con  puro afán de venganza sentimental o aquel caso del vídeo del vestidor femenino de un balneario. Lo que se subió no fue falso ni editado, las cámaras ocultas captaron imágenes reales, pero que vulneraban gravemente la privacidad. 

Yo me pregunto ¿A caso los grandes defensores de los troles seguirían defendiendo el derecho a ser impunes que estos últimos pregonan si en ese vestidor se hubiese exhibido a su madre o a su hija?

Para algunas personas, sobre todo para los cobardes que usan el Internet para tirar piedras y esconder la mano, el honor y dignidad podrán valer muy poco. Pero para muchas otras personas, sobre todo las que son honestas de verdad,  el honor y reputación es lo más importante que se tiene.

Diputado. @RodrigoAvilaSV

No debe penarse

Juan Carlos Sura

El delito de difamación ya está regulado en el Código Penal. Una reforma del 2011, mocionada por ARENA y “en nombre de la libertad de expresión”, estableció que su penalización serían días multa. Antes de dicha reforma, a excepción de personas que ejercieran periodismo, difamar podía llegar a la cárcel. Pero, en 2010, la cosa cambió: la Sala de lo Constitucional consideró que los personeros mediáticos no podían gozar de un tratamiento privilegiado porque se violaba el principio de igualdad establecido por ley. De ahí vino el cambio.

Bajo este razonamiento es que no puedo estar de acuerdo con penar con cárcel la difamación en redes sociales. Sería incongruente. Sería volver al punto en que difamar no era penado por igual; hay que preguntarse ¿sería constitucional? ¿No debería ser tema de reforma para el Código Penal? Incongruente también ARENA al insistir en penar con cárcel, cuando fueron ellos quienes mocionaron aquella reforma.

Entre conceptos varios, la difamación consiste en acusar a personas, atentando contra su reputación, sin tener pruebas fehacientes; abunda en redes sociales, ¡Ni cómo negarlo! ¿Pero regular las redes sociales cuando su origen es casi intangible -como me dijo un buen amigo-? Además, si bien la ley establece su aplicación en el territorio nacional, no especifica a qué deberán atenerse los hermanos lejanos visitando el país; ¿deberán callar? ¿deberán apagar su voz crítica sobre el quehacer nacional? Por otro lado, ¿cómo interpretar que quieran encarcelar la crítica ciudadana, pero salvaguardar la crítica periodística? 

En este punto es importante aclarar que un TROL no es necesariamente una persona opinando desde el anonimato. TROLEAR ES UNA ACTITUD. Se trata de hacer publicaciones irritantes con el propósito de molestar, provocar o generar controversia. El trol ama la discordia. Trolean los políticos, periodistas, personeros de gremios, miembros de la sociedad civil, en fin, el troleo llega en vías múltiples. Es importante esta aclaración porque, quienes están pidiendo cárcel, argumentan de forma confusa la procedencia de los troles. Entonces es importante aclarar… quieren cárcel para las críticas que consideren “difamatorias”, de todo mundo, menos de periodistas.

De forma general, considero un avance la aprobación de la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos, no olvidemos que se puede mejorar; la misma abonará a la prevención y sanción de los de los hechos punibles cometidos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Se han contemplado delitos contra sistemas de información, relativos al contenido de datos, contra la niñez y adolescencia, contra el orden económico, y más. Restaría dotar la fiscalía de capacidades técnicas, y evitar que la ley que se vuelva letra muerta. 

Contrario a amordazar opiniones, ¿por qué no mejor garantizamos el tema en educación? Garanticemos el estudio de cómo comportarse en redes sociales; enseñemos a no creer todo lo que se lee; hablémosles de las consecuencias y riesgos que acarrea compartir imágenes comprometedoras; enseñemos a preguntar, a dudar, y a especular cuidándose de no hacer señalamientos sin pruebas fehacientes; enseñemos que el bullying (acoso) puede llevar a muerte; enseñemos autorregulación.

Enseñemos que las redes sociales cuentan con normas propias mediante las cuales se pueden denunciar comportamientos abusivos –odio, acoso, contenido explícito, explotación sexual, spam, amenazas, autolesiones, intimidación, entre otros-. Enseñemos a denunciar, a bloquear usuarios indeseables, etc.

Cierro con esto:  A la clase política: las redes sociales son espacios donde deberían liderar con ejemplo -espero me entien-dan-; y, a los medios: regulen comentarios en sus espacios. Hay lugares en los que entras y como que llegas a un mundo de vulgaridades, injurias, difamaciones. ¿Responsabilidad de quién es, responsabilidad de quién comenta o de quien permite que pase la publicación? Además, ¿será tanta vulgaridad del agrado de anunciantes? 

Bloguero. @JCSura
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