Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

¿Debe el Estado regular la libertad de expresión en plataformas digitales?

Dos ciudadanos debaten sobre la temática en #ElRingdeHoy. Únete

 

Natalia Santos

El Estado es la forma suprema de organización en una sociedad. A sus instituciones hemos confiado el resguardo de nuestros derechos e intereses, y una labor sumamente importante: la administración de justicia.

La Constitución de El Salvador en su segundo artículo reconoce que “toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad (…), y a ser protegidas en la conservación y defensa de los mismos”. Es decir, que Este debe crear e implementar políticas públicas y planes de gobierno orientados a garantizar los derechos que nos son reconocidos en nuestra Carta Magna.

Durante los últimos años, con el auge del Internet y las plataformas sociales, los ciudadanos hemos adquirido mayores posibilidades de información y se nos ha ofrecido una nueva manera de ejercer nuestra libertad de expresión.

Sin embargo, y aun cuando el fundamento del Internet recae en la plena libertad de información, muchos no han sabido utilizar correctamente esta herramienta. Lamentablemente, las plataformas sociales y el Internet en general se han convertido en espacios que muchas veces fomentan el acoso, la intolerancia y el irrespeto.

Una encuesta del Pew Research Center publicada a finales del año pasado, reveló que el 40% de usuarios adultos de Internet ha experimentado alguna modalidad de “acoso cibernético”(ciberbullying). Este último comprende insultos, amenzas de muerte y la ridiculización de las personas, entre otros.

Vivimos en una sociedad que no solo ha permitido este tipo de comportamientos, sino que también los ha fomentado. Hemos aplaudido a quienes se escoden tras las teclas para lanzar ataques a aquellos que decidimos hacer uso de nuestra libertad de expresión a través de medios digitales.

Debemos tener en cuenta que ningún derecho es absoluto y es por esta razón que el Estado no debe permitir que existan zonas exentas de regulación. Y en este sentido, se vuelve pertinente aclarar que un Estado que otorgue cierto tipo de regulación no debe equipararse a un Estado impositivo ni de prácticas autoritarias. El rol del Estado en el caso de las plataformas digitales debe orientarse a la protección del honor, intimidad y libertad de expresión de sus usuarios.

El Estado debe sancionar a quienes se esconden detrás de las pantallas con el único propósito de desacreditar la información u opinión vertida por alguien, con argumentos y frases que pretenden atentar contra su dignidad.  Es decir, debe existir un grado de regulación y desarrollo legislativo para estos casos específicos, en los que evidentemente existe un menoscabo al honor, intimidad y dignidad de las personas.

Sin embargo, el Estado no debe nunca extralimitarse en sus funciones. Ya que en el caso en cuestión, existe una delgada línea entre la regulación y la censura. El desarrollo legislativo que pueda surgir a través del planteamiento de esta problemática, no puede ni debe estar dirigido a desincentivar la crítica constructiva, el sano intercambio de ideas y el debate.

En este sentido, el marco normativo ayudaría a reducir la disrecionalidad con la que gobierno y Estado pueden actuar para callar a quienes expresan su disconformidad con los mismos.

Entonces, para concluir, ¿debe existir un grado mínimo de regulación estatal en las plataformas sociales? Sí, debe existir, para otorgar protección a sus ciudadanos. Pero esta no debe ser nunca el vehículo utilizado por el Estado para limitar la libertad de expresión. 

@NatySantos

Estudiante de Ciencias Jurídicas de la ESEN. Managing Editor/Escritora de Xpressate.net (@XpressateNet).  

No 

Emilio Orellana

Aceptémoslo: Las personas pueden llegar a ser bastante estúpidas en Internet, y muchas veces incluso ofenden. Esta es una de las razones por las que siempre despiertan nuestro deseo más primitivo de usar la fuerza para detener lo que nos incomoda. De hecho, los legisladores de El Salvador coinciden en la aprobación de una Ley de Delitos Informáticos. Sin embargo, hay una verdad que no podemos obviar: El control de contenidos en Internet nunca funcionará. 

Nunca va a funcionar a menos que creemos una policía informática internacional que patrulle todos los rincones del Internet y castigue a quienes se atrevan a desafiar su sentido de moral y buen gusto. Incluso, si esa solución gubernamental global existiera, castigar al mensajero no detiene el mensaje. La historia muestra que silenciar un canal de comunicación sólo llevará a buscar uno nuevo. 

Y es que este es el problema con la censura y los métodos de control de la libertad de expresión: la motivación detrás de la legislación puede ser honesta e incluso llena de buenas intenciones, pero bien dicen que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Incluso al pensar que algún contenido en internet es moralmente cuestionable, debemos preguntarnos si el uso de la fuerza estatal para detener el flujo de esas ideas es justificable. Este tipo de “solución” legislativa puede convertirse en una caja de Pandora que desate más problemas que el que se quiere detener. 

Para mala suerte del estado, en las últimas décadas la tecnología ha alterado permanentemente la manera de comunicarnos. De la conexión al Internet por medio de una línea conmutada pasamos a tener conversaciones en tiempo real con personas al otro lado del mundo y todo el conocimiento disponible al alcance de un botón. Esta es la pesadilla del burócrata, ese que desea un hoy igual al ayer y mañana. Un mundo predecible, con ciudadanos obedientes y sin sueños; ciudadanos cuasi-robóticos.

Sin embargo, nuestro nuevo mundo trasciende estados, fronteras, tablas y planes previamente establecidos. Es un orden espontáneo el que se expande constantemente debido al deseo de las personas por conectarse y comunicarse mutuamente. El Internet es el ejemplo más hermoso de la capacidad humana para organizarse, aun cuando por algún motivo extraño sigamos pretendiendo que los gobiernos están a cargo, y que tienen el monopolio de las soluciones a nuestros problemas. En realidad, -contrario a la creencia popular- los políticos no pueden hacer que llueva por decreto legislativo, ni detener el flujo de ideas, mucho menos las críticas.

Dejando de lado todo el trabalenguas jurídico, hay una verdad incuestionable: La libertad de expresión es un derecho humano. No es una dádiva que el gobierno de turno nos entrega por generosidad. La discusión no debe centrarse en cómo ayudarle al gobierno a actualizarse para monitorear y controlar nuestra comunicación con el uso de nuevas herramientas. Lo que necesitamos es identificar y ordenar los elementos del problema, excluir aquellos que no son parte del mismo y diseñar nuestra misma solución. 

Más allá de las buenas intenciones y lo moralmente cuestionable, la libertad de expresión sin duda debe ser ejercida de manera respetuosa, pero esta debe aprender a regularse por sí sola. Sucede lo mismo con nuestros derechos inmediatos, o con el respeto al prójimo; yo no necesito de una ley para saber que mis derechos terminan donde empiezan los tuyos y así respetar tu espacio, tus creencias o tus decisiones.

Afrontémoslo, el futuro ya llegó, y será moldeado por quienes se atrevan a disentir de la versión oficial, a levantar su voz y a arriesgar lo necesario para construirlo. 

@Aeriallemon

Fundador y Presidente de Xpressate.net (@xpressatenet)

Lea además
Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica constructiva. Te invitamos a hacer buen uso y a leer las normas de participación