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¿Debe establecerse una Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador?

Dos ciudadanos debaten sobre la temática en #ElRingdeHoy. Únete

 

Leonor Selva

Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), cuando se instaló la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), encontró “un país ideológicamente dividido, una sociedad civil escéptica, y una población que había pasado de padecer la violencia de motivación política, a la violencia común y la creciente presencia e influencia de la delincuencia organizada nacional”; además, su sistema judicial presentaba –según estadísticas oficiales– un grado de impunidad del 96% en los casos de delitos contra la vida. Sin embargo, a pesar de que muchos en El Salvador usaríamos esas palabras exactas para describir la situación de nuestro país, el Secretario General de partido oficial, señor Medardo González, descartaba la idea de una CICIES (versión salvadoreña de dicha Comisión), aduciendo que las circunstancias de ambos países “no son comparables”.

Tanto El Salvador como Guatemala forman parte de la subregión del Triángulo Norte (también conocida como la región más peligrosa del mundo). Organismos internacionales advierten sobre la frágil institucionalidad de ambos países y su alto grado de vulnerabilidad ante la corrupción e infiltración del crimen organizado. La tasa de impunidad de homicidios en nuestro país es del 95% (solo un punto porcentual menos que Guatemala); y no obstante se ha vuelto bastante frecuente que salgan a la luz posibles casos de corrupción en el gobierno, pocos son investigados y judicializados apropiadamente.

En ese sentido, pareciera que lo único que vuelve incomparable la situación de ambos países es que cuando se creó la CICIG en Guatemala, su clase política desconocía –y quizás subestimaba– el potencial impacto de su decisión, mientras que, en El Salvador, hemos presenciado los resultados de las investigaciones de dicha comisión, y sobre todo, el efecto que la CICIG ha tenido –y continuará teniendo– en la sociedad guatemalteca. Quizás por eso nuestros representantes se sienten más renuentes a la idea (ya saben, por aquello de no echarse la soga al cuello).

En contraste con el entusiasmo con que se reciben fondos de cooperación y se aprueban préstamos internacionales, cuando se habla de una comisión internacional que combata la impunidad, afloran las denuncias de violaciones a la soberanía del país. Sobre este punto, es importante recalcar que, por ejemplo, la CICIG no sustituye a las autoridades nacionales en la investigación y persecución del delito, sino que trabaja dentro un marco de cooperación en el que: interviene en los procesos judiciales como querellante adhesivo, asesora técnicamente a las agencias fiscales (quienes son los que formalmente investigan los casos), y se rige por las leyes nacionales. En el plano político, la CICIG tiene la facultad de recomendar reformas legislativas y propuestas de políticas públicas, pero su adopción sigue siendo competencia estatal. Por lo demás, la CICIG fortalece la capacidad técnica e instalada de las instituciones por medio asesoramiento, capacitaciones, intercambio de conocimiento, igual que cualquier otro programa de cooperación. Es así que, la CICIG no compite con el Ministerio Publico; lo acompaña y refuerza en cada paso.

Entonces, es claro que la instalación de una CICIES no representaría ningún tipo de amenaza a la soberanía del Estado. ¿Y sabe cuánto nos costaría esto a los salvadoreños? Absolutamente nada, pues la comisión se financia íntegramente con donaciones internacionales.

Por todo lo anterior, una comisión internacional contra la impunidad constituiría una valiosa herramienta para erradicar la corrupción en el gobierno, depurar nuestras instituciones de seguridad y justicia y para que, como ciudadanía, restablezcamos nuestro carácter soberano.

La CICIES no es la solución mágica a todos nuestros problemas, pero actualmente es nuestra mejor apuesta, pues aportaría tres cosas que parecen ausentes en nuestro gobierno: independencia, capacidad técnica y voluntad para combatir la impunidad

Leonor Selva, Licenciada en Ciencias Jurídicas de la ESEN, con estudios de postgrado en Políticas Publicas.
Cuenta de Twitter: @LeonorSelva

 

No 

Luis Alonso Cruz

La impunidad es un problema en El Salvador; impunidad en todos los ámbitos, desde los que roban millones hasta los que pagan al policía para evitar una multa de tránsito. El sistema de justicia es en parte responsable de que se genere este problema. No tenemos una fiscalía fuerte, ni leyes con penas aceptables, mucho menos un Órgano Judicial probo y que castigue en verdad a culpables. La institucionalidad salvadoreña es aún débil y la respuesta debería ser solventar nuestros problemas fortaleciéndola nosotros mismos sin recurrir a instituciones foráneas.

En los últimos días ha surgido la idea de crear una CICIES que replique a la CICIG, pero olvidan que la función principal de este último organismo es “combatir cualquier manifestación de fuerzas ilegales de seguridad y maquinaria clandestina de seguridad” ¿Es el problema que nosotros tenemos en el país? No, es más, si uno revisa el informe de labores de la CICIG se lee que este objetivo no ha sido cumplido.

Si nos comparamos con Honduras y Guatemala nos damos cuenta que tenemos avances, pequeños pero los hay. Por ejemplo en Honduras se organizan marchas por la publicación en la que se da a conocer que la candidatura del actual Presidente fue pagada con dinero proveniente de la corrupción, en El Salvador se conoció que parte de la candidatura del Presidente elegido en 2004 también fue pagada con dinero que tenía otros fines. En Honduras hay marchas exigiendo un proceso penal, en El Salvador el proceso ya esta judicializado e irónicamente hacen marchas para exigir la liberación del acusado tildando el proceso de “persecución política”. 

En el país conocemos de casos de corrupción como la red en Correos de El Salvador que cobraba servicios y depositaba el dinero en cuentas privadas, un ministro que exigía apoyo para la campaña de su partido político a cambio de contratar servicios, un ministro que aceptó como “lugar de entrega” de los productos la bodega del vendedor o una junta directiva que entregaba terrenos  a militares y diputados cuando debían ser destinados a agricultores. Todos estos casos fueron judicializados con resultados diferentes, unos prescribieron, otros generaron condenas a servicio comunitario sin responsabilidad patrimonial. No debemos olvidar que la CICIG está obligada a cumplir las leyes guatemaltecas, es decir, en nuestro país se tendrían los mismos resultados porque nuestras leyes y procesos permiten estos casos de impunidad.

No hay que olvidar que estamos ante una gran oportunidad para fortalecer de verdad la institucionalidad del sistema de justicia, me refiero a la elección del Fiscal General de la República. Si tan solo la Asamblea eligiera a la persona correcta se podrían obtener los resultados que todos esperamos. Es necesario resaltar la responsabilidad que tiene la Asamblea en elegir una persona, como muchas que han participado en los procesos de selección, que garantice el estricto cumplimiento de la ley y no posea conflictos de interés por su relación con partidos políticos o grupos de poder.

En el país hay personas que siendo exfiscales auxiliares conocen muy bien cómo funciona la FGR e inclusive han renunciado a la misma porque no estaban de acuerdo con sus superiores; entre ellos u otras personas con verdadera independencia, podrían elegir a quien desempeñe el trabajo al frente de la FGR. ¿Por qué no hacemos marchas exigiendo que la Asamblea elija un buen fiscal?

La persecución del delito y el mismo sistema de justicia penal requiere que se elijan en cargos a personas capaces de devolver la institucionalidad y ganar la confianza de la ciudadanía con su trabajo y apego a sus funciones; hagamos lo mismo con nuestro sistema de justicia.

Miembro de Progre
Licenciado en CC. JJ. por la UCA.
Postítulo en Transparencia, Accountability y Lucha contra la Corrupción por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.Becario OEA del Posgrado en Ética pública, Transparencia y Anticorrupción otorgado por la Universidad Nacional del Litoral de Argentina

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