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Vivienda digna y camino al bienestar

entro de las múltiples aspiraciones de la gente, una de las más importantes es la de poseer una vivienda adecuadamente equipada. Esto se debe a que la vivienda es un bien de defensa contra los rigores climáticos; de intercambio social; de uso y desarrollo familiar; de mejoramiento de los estándares sociales; de salud y educación; y, un bien que transforma a su dueño en sujeto protagonista de la economía que lo rige y que le devuelve algo que es esencial para el ser humano: su dignidad.

Para la mayoría de las personas que poseen una vivienda, esta también representa su principal inversión y el patrimonio más importante. Tan relevante es la vivienda como determinante del bienestar y el nivel de vida de las personas, que la medición de la pobreza a través del método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) se fundamenta en gran medida en indicadores que miden la calidad de la construcción de la vivienda (materiales utilizados en pisos, techos y paredes) y en la provisión de servicios elementales para su habitabilidad (agua, energía eléctrica, servicios sanitarios). La mayoría de estas variables son también retomadas para la construcción de índices de pobreza multidimensional.

Dicha relevancia es también reconocida en la Constitución de la República de El Salvador, que en su artículo 119 establece que la construcción de vivienda es una actividad de interés social y obliga al Estado a procurar que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda.

Adicionalmente, en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos celebrada en Estambul (1996), los gobiernos participantes adquirieron el compromiso de lograr que todos tengan una vivienda que sea salubre, segura, accesible y asequible y que comprenda servicios instalaciones y comodidades básicas.

Pero, aunque forme parte de los derechos reconocidos, esta aspiración de la población nunca ha sido prioritaria hasta ahora para los distintos gobiernos del país. Prueba de ello, es que según el Informe sobre Desarrollo Humano 2013, 61% de los hogares salvadoreños habitan en viviendas con problemas de hacinamiento, carencias de servicios o construidas con materiales inadecuados.

Al proceder de esta manera, no solamente se ha conculcado uno de los derechos fundamentales de la población, sino que también se ha desaprovechado el potencial que tiene la construcción de vivienda de constituirse en un importante motor del crecimiento económico debido a su alto efecto multiplicador derivado de sus vinculaciones hacia adelante y hacia atrás con el resto de la economía. En el caso de El Salvador, se ha estimado que el multiplicador de la construcción es el más alto de las 46 ramas de la economía nacional con un valor cercano a 2, lo que quiere decir que cada dólar de incremento de la demanda final del sector de la construcción genera efectos sobre la economía de aproximadamente 2 dólares.

Una política agresiva de vivienda también puede servir de base para sacar al país del círculo vicioso en el que se encuentra, ya que necesita crear una importante cantidad de empleos formales, pero el sector privado no los puede ofrecer porque los costos de producir en el país son altos, la productividad laboral es baja y los niveles de ahorro nacional son muy reducidos; el sector público, por su parte, tampoco hace las inversiones sociales, en modernización del Estado y en infraestructura demandadas por los privados porque no cuenta con los recursos para hacerlo.

Para romper este círculo vicioso, el Estado salvadoreño debería frenar el consumismo e instaurar un sistema de ahorro programado de capitalización individual y de administración público/privada extendiendo la actual cobertura en pensiones y salud a la adquisición de vivienda y luego a otros ámbitos. Los mayores niveles de ahorro nacional registrados, además de reducir los costos financieros, podrían ser aprovechados por el Estado para financiar programas agresivos de mejoramiento de la infraestructura que contribuyan a reducir los costos logísticos, estimulando así la inversión privada y el crecimiento económico. Esto, por su parte, contribuiría a aumentar el empleo formal, la productividad laboral y los salarios; con lo cual se incrementaría nuevamente la tasa de ahorro nacional, así como la recaudación fiscal, ya que se ampliaría simultáneamente la base de cotizantes y la base tributaria, permitiendo al Estado realizar niveles crecientes de inversión social e infraestructura. Creándose así un círculo virtuoso caracterizado por altos niveles de ahorro e inversión, empleo y crecimiento que permitiría al país pasar rápidamente al grupo de países de desarrollo humano alto.

*Economista Jefe PNUD.D